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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
VIERNES 23

de agosto de 2019

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EDITORIAL

La extinción de dominio

Ahora, se dota a los órganos administradores de justicia de una herramienta eficaz para la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, narcotráfico, los delitos ambientales y la criminalidad organizada.

4/2/2019


La lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado en el país cuenta ahora con mejores herramientas legales, principalmente, para atacar el poder económico de estas bandas criminales. En otras palabras, para que los bienes de origen o fin ilícito sean revertidos al Estado, ya que no se puede adquirir una propiedad ni derecho real de origen o destino ilícito.


En ese contexto, la publicación del reglamento de la Ley de extinción de dominio, aprobado mediante el D.S. Nº 007-2019-JUS, resulta más que necesaria para la erradicación directa del patrimonio obtenido ilícitamente por las organizaciones criminales, en un proceso independiente de aquel en el que se determina la responsabilidad penal y la imposición de la pena, por lo que no requiere de la previa emisión de sentencia condenatoria, ya que busca transparentar la adquisición de los bienes.

La norma, de esa manera, que desarrolla el D. Leg. N° 1373 dictado en el marco de las facultades legislativas conferidas al Poder Ejecutivo, se orienta a desarrollar el trámite procedimental, así como las medidas necesarias diseñadas en la legislación marco, conducente al establecimiento de un ordenamiento eficaz de este procedimiento en objetos, instrumentos, efectos y ganancias ilícitas.

Todo ello, a fin de golpear en lo que más le duele al criminal, que son los bienes adquiridos de manera ilícita, pues ahora basta con la existencia de indicios para que la justicia ordene que el Estado se haga de estas propiedades.

Por esa razón desarrolla las reglas sobre la indagación patrimonial, los supuestos en que el fiscal puede acumular o no indagaciones patrimoniales, las técnicas de investigación, así como las medidas cautelares que pueden ejecutarse y el supuesto en el cual puede declararse la complejidad del proceso.

Además, se dota a los órganos administradores de justicia y de investigación de una herramienta eficaz para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, los delitos ambientales y la criminalidad organizada, entre otros fenómenos que afectan gravemente al país.

La labor y decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de avanzar en la adopción de este importante sistema se encuentra en la línea, además del compromiso asumido por el presidente Martín Vizcarra de que el 2019 será el año de la implementación de las reformas que permitan un mejor sistema de justicia para una población que exige y espera cambios sustanciales en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado.

Inclusive, se ha destinado un presupuesto de 28 millones de soles para la aplicación del régimen de extinción de dominio.

Se configura de este modo una herramienta eficaz contra la criminalidad organizada desde el desapoderamiento de la riqueza adquirida ilícitamente, en contra del ordenamiento constitucional y jurídico peruano, de modo que ya no es posible afirmar que el Estado priva del derecho de propiedad a un ciudadano, sino que el ordenamiento no extiende su manto protector y, por ende, no existe derecho de propiedad sobre los negocios jurídicos cuya prestación es dinero ilícito.