Tipo de cambio:

Compra: 3.353

Venta: 3.354


Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
SÁBADO 21

de setiembre de 2019

PUNTO DE VISTA

La necesidad de una nueva ley minera

18/8/2019


Vladimir Delzo Caja

Magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública por la PUCP..

La negativa de los pobladores del valle de Tambo al proyecto Tía María, las pesadas palabras del gobernador regional de Arequipa para con el presidente de la República y pedir una nueva Ley de Minería hacen reflexionar sobre si es necesaria una nueva ley general de minería planteada por el presidente Martín Vizcarra en su discurso del 28 de julio del 2019, o simplemente lo dijo por el contexto social en el que estamos viviendo.

El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado con Decreto Supremo Nº 014-92-EM el 4 de junio de 1992, a la fecha tiene 27 años con apenas algunas modificaciones en el tema de pago de penalidades por la no producción mínima, siendo la última modificación (artículo 40° y 41°) por medio del Decreto Legislativo 1320, emitido el 5 de enero del 2017, vigente desde enero del 2019; antes de esta última modificación, si no se acreditaba la producción mínima al décimo quinto año, la concesión minera caducaba (artículo 1 del Decreto Legislativo 1054, emitido el 27 de junio del 2008), y con la reforma planteada en el gobierno de PPK, a partir del 1° de enero del 2019, si no se obtiene la producción mínima al vencimiento del trigésimo año desde que se otorgó el título, caduca la concesión minera.

Es decir, en estos 27 años no ha habido mayor modificación a la ley minera, por varios factores; uno de ellos, la política. En ese contexto, resulta necesario una nueva ley minera teniendo en cuenta los avances económicos, sociológicos y sociales en los que nos encontramos; así, se debe dar especial interés a los temas de autorización para el uso del terreno superficial, la calificación inmediata del pequeño productor minero y del minero artesanal, se deben diferenciar los procedimientos administrativos de cada régimen (gran, mediana, pequeña, y minería artesanal), así como procedimientos diferenciados para la minería metálica y la no metálica, mayor responsabilidad-presencia de los gobiernos subnacionales, la distribución de las regalías y canon minero para las localidades donde se encuentra ubicada la concesión minera y no donde está ubicado el domicilio fiscal de la empresa que la explota.

Son esos temas y otros los que merecen analizarse en una futura ley general de minería porque pretender regular la actividad minera donde se impida la inversión privada sería olvidarnos del auge de la economía del país y, por ende, de los programas sociales del Estado; la idea no es ser antiminero en un país altamente minero, sino tener una minería responsable social y ambientalmente factible que converja con los intereses del Estado y de la población.