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La presión contra Nicolás Maduro

Desde el inicio de la crisis en Venezuela, la diplomacia peruana, que tiene como sus principales pilares la defensa de la democracia y los derechos humanos, se preocupó por los sucesos internos que afectan a la población de nuestro hermano país.

30/1/2019


Lejos de la doctrina Estrada, aplicada por México, que defiende la no intervención en asuntos internos de otros países, el Perú reconoce que no se puede utilizar este principio cuando hay violación de derechos humanos y no se respetan los pilares elementales de una democracia representativa.

No solo son razones morales, sino que también el problema interno comienza a afectar a otros países de la región, como es el caso de la migración forzada de más de 2.5 millones de venezolanos a países vecinos durante los últimos dos años, según la ONU.

Por eso, el Perú fue uno de los países que asumieron el liderazgo en la lucha por el retorno de la democracia en Venezuela. Ante la preocupación internacional, la Cancillería impulsó la formación del Grupo de Lima para lograr este propósito.

Unos días antes de que Nicolás Maduro asumiera un ilegítimo segundo gobierno como producto de unas cuestionadas elecciones, la Cancillería peruana convocó a los países del Grupo de Lima a una reunión en el Palacio de Torre Tagle para lanzar una advertencia al mandatario chavista de que se abstuviera de asumir el cargo o se aplicarían sanciones políticas.

Después de la juramentación de Maduro, el 10 de enero, para un nuevo período de gobierno, el Perú adoptó las primeras sanciones diplomáticas contra el régimen usurpador. Se prohibió el ingreso de cien personalidades del chavismo y se retiró a la encargada de negocios de su embajada en Caracas. Semejantes medidas las asumieron otras democracias regionales.

Inmediatamente después de la juramentación de Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela, el gobierno de Martín Vizcarra figuró entre los primeros que lo reconocieron en este cargo.

Pero las medidas diplomáticas que presionan a Maduro no son suficientes, como lo asegura el canciller peruano, Néstor Popolizio. Se debe dar un paso más adelante: sanciones de tipo económico con especial cuidado de no afectar al pueblo venezolano. Las penas económicas tienen múltiples propósitos. En primer lugar, se busca restringir las maniobras del gobierno usurpador.

En segundo lugar, se tiene que cuidar el uso de sus recursos naturales y, en forma especial, de los ingresos de la empresa Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), que serán necesarios para la reconstrucción nacional cuando el chavismo deje la conducción del país.

Por último, de acuerdo con el reciente informe de Transparencia Internacional, Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo, pues lo ubica en el puesto 168 de 183 analizados. Según el fiscal venezolano Tarek Saab, el robo sistemático de los funcionarios chavistas a PDVSA y el mal manejo de divisas dejaron pérdidas por 15,000 millones de dólares.

Estas medidas adoptadas por el Perú han tenido una amplia aceptación por la comunidad democrática internacional, mientras que rechaza, por principios, cualquier opción militar. Toda la presión diplomática y económica para aislar a Maduro tiene por único propósito el retorno de la democracia a Venezuela.