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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
LUNES 24

de junio de 2019

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EDITORIAL

La urgencia de instituciones sólidas

Se espera una nueva gestión encaminada al cambio y a la modernización institucional que la ciudadanía reclama.

7/1/2019


El 2019 significa todo un desafío para la reforma judicial y, en especial, para la lucha contra la corrupción en el país. Así, conforme al mandato expresado en el referéndum del pasado 9 de diciembre, este año debe instalarse la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que aunada a la propuesta para declarar en emergencia el Ministerio Público, y el inicio de un nuevo mandato en el Poder Judicial, liderado por el magistrado José Luis Lecaros, nos hacen confiar en que avanzaremos hacia un mejor sistema de administración de justicia tal como lo exige la población.


En lo que respecta a la judicatura, su nuevo titular para el Bienio 2019-2020, al asumir tan importante mandato y declarar el inicio de las actividades jurisdiccionales para este año, supo reconocer cómo la exposición de los llamados CNM audios, así como la extensión del caso Lavo Jato en el Perú, están desnudando prácticas de corrupción similares a las de hace dos décadas, en que en primera instancia tuvo la responsabilidad de juzgar a un ex presidente de la República y a los altos funcionarios de su gobierno.

De ahí que, con la experiencia de más de 38 años al servicio de administración de justicia, cumplió con subrayar en todo momento la voluntad reformista y de cambio que caracterizará esta gestión, al igual que la supo conducir en los últimos seis meses su predecesor, el magistrado Víctor Prado Saldarriaga. El objetivo es uno solo: avanzar en la construcción de una judicatura fuerte e independiente como la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los peruanos.

Las medidas anunciadas en este compromiso son múltiples. Entre otras, la modernización del procedimiento disciplinario, mediante el diseño y la aplicación de una política judicial de integridad institucional y lucha contra la corrupción interna que, además, estará alineada con el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, iniciativa de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en la que el Poder Judicial tuvo una participación por demás relevante. También establecer la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses de todos los magistrados de la República y altos funcionarios del Poder Judicial, así como sistematizar y publicar en línea las mismas junto con las declaraciones juradas de bienes, ingresos, egresos, deudas y rentas de los magistrados, altos funcionarios y servidores de apoyo a la función jurisdiccional.

Se avanzará de igual modo con la nueva Corte de Justicia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, producto de la fusión de la Sala Penal Nacional y del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con que espera se pueda fortalecer la capacidad de la magistratura para juzgar estos ilícitos. Así, se espera una gestión encaminada a los procesos de cambio y la modernización institucional que la ciudadanía reclama, así como de la promoción activa de los mecanismos de apertura y transparencia institucional, claves para erradicar las prácticas corruptas.

Sin duda, la lucha contra la corrupción es una prioridad nacional, al igual que un sistema judicial eficaz, oportuno e incorruptible, conforme ha sido reclamado por la población en recientes convocatorias y marchas de la sociedad civil, no solo en Lima sino también en las principales ciudades del país. Urgencia, además, que resulta clave para nuestra gobernabilidad, desarrollo y progreso. De ahí que en este momento crucial y decisivo es fundamental sumar esfuerzos en el marco de la ley y el respeto a las instituciones, como ha sido invocado desde el Poder Ejecutivo, para la construcción de un país fuerte, justo, íntegro y solidario.