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DOMINGO 27

de setiembre de 2020

LECTURAS DE LA HISTORIA

Leguía bajo la lupa

Se cumplen 90 años desde que el presidente Augusto B. Leguía fue depuesto por el teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro en medio de una crisis política y económica.

6/9/2020


José VadilloVila

jvadillo@editoraperu.com.pe


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Unos dicen que el ocaso de Augusto B. Leguía (1863-1932) se inició el viernes 22 de agosto de hace noventa años, cuando el comandante del Ejército Luis Miguel Sánchez Cerro se sublevó en Arequipa. Lo del militar piurano tuvo respaldo de la “sociedad” arequipeña, entre ellos el abogado mistiano José Luis Bustamante y Rivero, autor del Manifiesto a la Nación enviado a las autoridades por el teniente coronel sublevado.

Se lee en el segundo párrafo del documento: “Hace más de once años que sufre el Perú los crecientes desmanes de un régimen corruptor y tiránico, en el que se aúnan la miseria moral y la protervia política. Dentro y fuera del país deja las huellas de sus atropellos y de sus villanías”.

Aunque Leguía no lo quiso admitir al inicio, la sublevación tuvo eco. La Junta de Gobierno, por entonces recientemente creada, cerró filas con Sánchez Cerro y otro piurano, el abogado Benjamín de los Heros, presidente del Consejo de Ministros, renunció. Empezó la caída del régimen leguiísta.

Tres días después, el 25 de agosto de 1930, Leguía no tuvo más opción que dimitir a la investidura presidencial y fue trasladado, junto con su hijo, Juan Leguía Swayne, coronel de aviación y administrador de varios negocios de la familia, a La Punta, Callao, de donde se les enviaría al exilio en el crucero AP Almirante Grau. El 27 de agosto aterrizaba en Lima Sánchez Cerro, en medio de la expectativa general, y al día siguiente, el general Manuel María Ponce, presidente de la Junta de Gobierno, le entregaba el poder.



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Ya instalado en Palacio de Gobierno, Sánchez Cerro se unió a los enemigos de Leguía. Como recordaba en un artículo el desaparecido abogado e historiador Francisco José del Solar, el militar se apuró en “desleguizar” el Poder Judicial y cayó en un ejercicio de intervención de este poder, como ya lo habían hecho el general Agustín Gamarra en 1839, Ramón Castilla (1855) y Mariano Ignacio Prado (1866).

Entre las primeras medidas que tomó el mismo día que asumió el poder, Sánchez Cerro mandó retornar al Callao al crucero. Leguía y su hijo fueron confinados en el penal de la isla San Lorenzo como “detenidos políticos”.

Se les inició el juicio por “corrupción y enriquecimiento ilícito, debido a las grandes comisiones que había recibido por la concesión de obras, empréstitos internacionales, etcétera”, escribió Del Solar. Más que proceso se trató de una venganza política.

De San Lorenzo, el 3 de setiembre, los Leguía fueron trasladados a la Penitenciaría de Lima, el famoso Panóptico –que se levantó donde se erige el Centro Cívico–, para evitar las tentativas de militares proleguiístas. Justamente, Belisario Mora, quien odiaba al expresidente, dirigía el Panóptico y se encargó de incomunicarlo inclusive cuando enfermó el exmandatario mientras se creaba el 31 de agosto de ese año el Tribunal de Sanción Nacional, cuyo fin era juzgar a Leguía y a sus amigos.

Finalmente, Leguía fue trasladado al Hospital Naval de Bellavista el 16 de noviembre de 1931, adonde llegó de emergencia por su mal de próstata y falleció a las 2:39 horas del domingo 6 de febrero de 1932. Pesaba solo 38 kilogramos. Por orden de Sánchez Cerro, se le sepultó en el cementerio Baquíjano del Callao sin ningún honor.



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Más allá de la venganza política, había asidero para hablar de la corrupción leguiísta. En Historia de la corrupción en el Perú (2013), ese libro que debería ser imprescindible para todo peruano que cumple la mayoría de edad, Alfonso W. Quiroz (1956-2013) recuerda que desde que Leguía fue ministro de Hacienda de los gobiernos de Manuel Candamo y José Pardo ya había intentado realizar préstamos con la banca alemana para construir un ferrocarril que uniría la sierra central con un puerto en el río Ucayali. El Congreso rechazó el proyecto.

Con contactos empresariales en Nueva York y Washington, “al igual de Piérola, Leguía se esforzaba por atender los intereses extranjeros que pudieran ofrecerle bases efectivas de poder”, escribió Quiroz.

En el plano local, su primer gobierno (1908-1912) estuvo marcado por un “flujo de pedidos en cargos oficiales y favores” de “parientes y favoritos”. Entre ellos, el héroe Andrés A. Cáceres, quien fue enviado como embajador a Roma y Berlín. Al contentar a Cáceres y los oficiales de su entorno, Leguía se despreocupó de los golpes militares.

Si bien las compras militares se hicieron en este período, la pequeña oposición marcó las irregularidades en los procesos y precios excesivos militares y de la “policía secreta” (dependiente del Ministerio de Gobierno). Todos estos gastos lo que hicieron fue inflar el déficit y se descuidó la cartera de Educación.

Sin embargo, la comisión formada en el Congreso para investigar las medidas y procedimientos de Leguía durante su primer gobierno (formada con mayoría leguiísta) se perdió en dilaciones.



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Tras planificarlo desde su exilio en Londres, Leguía volvió al poder al frente de la Patria Nueva. Para su segundo gobierno (1919-1930), Leguía aumentó el gasto de la policía secreta para perseguir a los opositores a su poder dictatorial; se hizo una Constitución acorde con sus intereses políticos y económicos. El historiador Quiroz escribió que, “sin contrapesos políticos”, el presidente y empresario “pudo dedicarse a sus anchas a su querida política de grandes obras públicas plagadas de corrupción y financiadas con un masivo endeudamiento externo”.

Todos los proyectos de infraestructura, además de las concesiones, favorecieron a compañías extranjeras. Sobre todo a las estadounidenses.

Si bien pomposa, la celebración por el centenario de la independencia acarreó “gastos excesivos” en desmedro de los fondos públicos. Quiroz explicó que la mayoría de los contratos internacionales, como los de correo y telégrafo, tuvieron “resultados negativos”.

Con documentos secretos y testimonios de extranjeros de la época, Alfonso W. Quiroz reconstruyó el oncenio como una época de corrupción, malversaciones y “déficit inmanejable” de Leguía junto con políticos, bancos, diplomáticos y militares “inescrupulosos” (estos últimos, por ejemplo, aprovecharon el gran gasto militar que se hizo durante la cuestión de Tacna y Arica).



El hijo de Leguía, Juan, estaba metido en la corruptela. Las investigaciones demostraron que las comisiones por los préstamos que hacían los bancos estadounidenses, Juan se quedaba con valores entre el 0.5% y 0.75%. El material obtenido del Tribunal de Sanción Nacional del Perú permitió también seguir procesos en Estados Unidos a los banqueros implicados.

Leguía falleció, pero dejó al país con un sobreendeudamiento que se agravó por la Gran Depresión de 1929.