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APROXIMACIONES

Más allá de la igualdad

8/3/2019


Carmen Meza Ingar

Abogada, catedrática y periodista

Desde pequeños, en el Perú todos debatimos bellas palabras como igualdad, libertad, democracia. Y, en puridad, al leer la Constitución confirmamos que podemos ejercer, efectivamente, esos derechos. Sin embargo, los hechos que difunden con frecuencia los medios de comunicación informan lo contrario: no solo se ignora que somos iguales y que se debe respetar a todos los seres humanos, sino que muchas personas actúan con violencia, que es inevitable como injustificable, a decir de Albert Camus. 

Es verdad que hay muchas clases de violencia, como las de orden físico, institucional y psicológico. Estas últimas podrían ser de orden mundial o nacional si hablamos, por ejemplo, de nuevas formas de colonialismo o del alza del costo de vida. Los casos de violencia de orden físico son innumerables y los vemos casi a diario en la prensa. La violencia psicológica, a veces, es difícil de probar; sin embargo, figura en el Código Civil de 1984 entre las causales de separación y divorcio de los matrimonios peruanos.

Es que la violencia rompe los dos pilares de la igualdad: la libertad y la justicia. En el Perú, cuando llegaron a ejercer su cargo las parlamentarias elegidas en 1956, se dedicaron al estudio de este tema y entregaron, en 1962, una ley que penaliza el abandono de familia. Tres décadas después, en 1992, ya se habló de violencia doméstica, es decir, la que ocurre entre los pilares del hogar, “dulce hogar”. Pero en 1994 las juristas del continente lograron que la Organización de Estados Americanos (OEA) se reuniera en Belem do Pará para aprobar la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, un tratado internacional que aborda todas las formas de violencia que sufre la mujer, en el hogar, en el trabajo y en todas las actividades que desempeña.

El Perú ha tenido varias normas sobre la materia, pero la que se inspira en este tratado internacional es la Ley N° 30364, del 23 de noviembre del 2015, que fue criticada por los expertos y operadores judiciales por falta de precisión en las categorías penales y los protocolos para que los psicólogos califiquen los casos de violencia familiar psicológica. Además, debe tenerse presente que en todo el Perú los procesos están a cargo de jueces mixtos y no especializados. En Lima sí se cuenta con juzgados de familia.

Se dio el reglamento de dicha ley sin subsanar las críticas mencionadas, pero lo más importante es la falta de presupuesto para atender instituciones y albergues que se dediquen a casos de prevención y que puedan garantizar servicios a las víctimas, que son numerosas en todo el territorio.