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Año de la Universalización de la Salud
MARTES 2

de junio de 2020

Mercados seguros

Recientes pruebas para detectar el covid-19 en los mercados de abastos de nuestra capital han arrojado un dato preocupante: una buena parte del personal que labora en esos centros está infectada con el nuevo coronavirus.

4/5/2020


Por ejemplo, una intervención en el mercado de Caquetá reveló que 163 trabajadores tienen en su organismo el peligroso virus, mientras que en el mercado San Felipe, ubicado en el distrito de Surquillo, 261 comerciantes de un total de 631, es decir cerca del 40%, están infectados.

Lo descubierto en ambos locales revela una preocupante posibilidad: los centros de expendio de alimentos podrían haberse convertido en focos de contagio.

Como es fácil de colegir, esto implica un grave riesgo sanitario debido a que expone a contraer la infección a miles de peruanos que diariamente acuden a los mercados para abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad.

De acuerdo con especialistas, esta situación en los mercados sería el resultado del escaso respeto a las normas de distanciamiento social establecidas por el Gobierno, así como a prácticas inadecuadas y antihigiénicas de larga data en el comercio diario; por ejemplo, que el mismo vendedor expenda los alimentos y al mismo tiempo reciba el dinero del cliente.

Asimismo, es evidente que existen deficiencias en la infraestructura de los mercados que no contribuyen a una mejor seguridad sanitaria, especialmente en aquellos con mayor rango de informalidad y con un bajo nivel de inversiones.

En el Censo Nacional de Mercados de Abastos (Cenama) 2016, elaborado por el Ministerio de la Producción, figura que en el Perú existen 2,612 mercados de abastos, de los cuales 44 son mayoristas y 2,568, minoristas. Del total, el 56.3% cuenta con licencia de funcionamiento, pero en el ámbito rural esa cifra cae a 44.3%. Mientras la informalidad sea alta en este tipo de establecimientos, será más complicado implementar medidas para mantener a raya a la cepa viral.

Por ello, el Gobierno decidió intervenir para evitar que la población continúe exponiéndose al contagio cada vez que acuda a abastecerse de alimentos. Además de poner en cuarentena a los infectados y cerrar preventivamente los establecimientos comerciales, el presidente Martín Vizcarra anunció la próxima puesta en marcha de un plan de acción, cuya finalidad es impedir que sean focos de contagio. Dicha iniciativa incluye la asignación de recursos a los municipios para optimizar los servicios de los centros de abastos.

Es preciso indicar, no obstante, que según el Cenama 2016, el 60.5% de los mercados son administrados por juntas directivas o propietarios, y el resto es controlado por los municipios (25.4%) y personas naturales (13.6%).

Por lo tanto, si bien es importante que el Gobierno dote de los recursos pertinentes a los municipios, es necesario también que las juntas directivas tomen cartas en el asunto y hagan el esfuerzo por efectuar inversiones que coadyuven al objetivo de mejorar la calidad del servicio que brindan, así como para implementar prácticas comerciales acordes con el esfuerzo que todo el país está realizando por contener y eliminar este virus en el contexto de la emergencia sanitaria que nos afecta.