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Año de la Universalización de la Salud
JUEVES 1

de octubre de 2020

Necesidad de consenso

“Aquí no se trata de enfrentamientos. Por el contrario, se trata de encauzar el Estado de derecho para evitar una vulneración de los principios institucionales que rigen los destinos de nuestra república”.

5/9/2020


El Poder Ejecutivo ha expresado en más de una oportunidad su voluntad de trabajar de manera consensuada con el Congreso de la República e incluso sus titulares se han reunido para coordinar una agenda de trabajo que responda a los intereses de la mayoría. Sin embargo, es público que la aprobación de algunas normas legales no se ha condicho con ese afán de concertación entre ambos poderes del Estado, y que incluso, debido a sus alcances, tales disposiciones fueron desestimadas por el Tribunal Constitucional (TC) porque vulneran abiertamente la Carta Magna.

Estamos en un sistema democrático y nos regimos por un modelo institucional en el que las funciones de cada organismo o estamento público se encuentran debidamente delimitadas. Y cuando se transgreden esas reglas, existen mecanismos establecidos que zanjan cualquier tipo de controversia. Por ello, el Gobierno ha acudido anteriormente al TC para exponer con claridad cuáles son esas disposiciones aprobadas por el Parlamento en perjuicio de la marcha constitucional del país.

Aquí no se trata de enfrentamientos. Por el contrario, se trata de encauzar el Estado de derecho para evitar una vulneración de los principios institucionales que rigen los destinos de una república democrática, siempre por los caminos legales que otorga el marco jurídico. Con ese norte, el Poder Ejecutivo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de ascenso y nombramiento automático en el sector Salud, una norma que afecta, bajo el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas, al erario nacional.

El presidente Martín Vizcarra ha advertido que esta disposición revela cómo el Poder Legislativo se irroga competencias que legalmente no le corresponden porque la aplicación de esta norma implica un gasto público, facultad exclusiva del Poder Ejecutivo como instancia responsable de velar por los recursos de todos los peruanos para evitar cualquier tipo de desbalance, y que se encuentra consagrada en el texto constitucional de 1993.

No es la primera vez que la representación nacional ha emitido una disposición de estas características. Anteriormente aprobó la ley que suspendió el cobro de peajes en pleno estado de emergencia sanitaria, y no obstante las advertencias de su naturaleza infractora al principio de cumplimiento de las obligaciones contractuales, fue declarada inconstitucional por el TC.

La estabilidad económica y financiera del país depende de un marco jurídico fuerte, pero si existe la voluntad de aprobar otra ley que permite el retiro de los fondos aportados por los trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones por medio de la Oficina de Normalización Previsional, nuevamente seremos espectadores de cómo una norma quedaría sin efecto como producto de una demanda de inconstitucionalidad.

¿Este tipo de situaciones pueden superarse? Es claro que sí. Solo basta un poco de voluntad política para sacar adelante leyes concertadas en beneficio de los peruanos.