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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
DOMINGO 21

de julio de 2019

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APROXIMACIONES

Nuevas reglas para el bicentenario

El artículo 105º de la Constitución Política establece que tienen preferencia a ser revisados por el Congreso de la República los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Bajo esa premisa, el Gobierno envió al Legislativo las seis propuestas para la reforma política y en su presentación ante el pleno del Parlamento, el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, describió lo que es la esencia de cada uno de ellos. En mi opinión, resaltan dos.

19/6/2019


Víctor Hugo Quijada

Abogado Especialista en Gestión Pública

El primero se refiere a la paridad y el voto preferencial. Las mujeres no pueden seguir postergadas. Buscamos que ellas accedan, en igualdad de oportunidades, a cargos de elección popular.

El voto preferencial ha debilitado a los partidos y ha distorsionado a las campañas. La esencia de este proyecto radica en la eliminación del voto preferencial en las listas de candidatos al Congreso. Parte principal también de esta iniciativa es la alternancia y paridad de género en la composición de las listas parlamentarias.

Al eliminar el voto preferencial se evita la competencia dentro del mismo partido de los candidatos al Congreso. Los aspirantes no solo tienen que competir con los de las otras listas, sino con los de sus propias nóminas.

Respecto a la mayor participación de la mujer en la política, el derecho del voto recién se le dio en 1956, durante el gobierno de Manuel A. Odría, por tanto, es justo este reconocimiento para fomentar la mayor participación en cargos de elección popular, porque todos somos iguales ante la ley, conforme al artículo 2º de la Carta Magna.

El otro tema que considero de importancia, sin desmerecer a los otros proyectos, se relaciona con la regulación del financiamiento de organizaciones políticas. En nuestro país, se calcula que se pierde por corrupción 10,000 millones de soles al año. Este flagelo nos lleva al atraso. Entonces, no podemos permitir que vuelvan a ocurrir escándalos como el de Lava Jato.

La esencia de esta propuesta radica en la tipificación de los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos; así como la obligación de las organizaciones políticas de presentar dos reportes de gasto durante las campañas.

El origen de todo el caso Lava Jato son los aportes ilegales a los partidos políticos de empresas privadas que constituyen una suerte de “coimas adelantadas” para que, después, los que lleguen al poder devuelvan el favor mediante contratos públicos.

Este problema histórico del país, con una clase política mercantilista y clientelar, se acabará, porque al cerrarle el paso al financiamiento ilegal, todos los candidatos participarán en igualdad de condiciones. Se debe resaltar que en la actualidad no existe una ley que tipifique penalmente este tema, pues se le da tratamiento de delito de lavado de activos.