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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
VIERNES 6

de diciembre de 2019

Pisando el acelerador

“Es conveniente que el Gobierno tome cartas en el asunto y pise el acelerador para agilizar las obras. Con ello se espera atender las demandas de la población [...]”.

7/11/2019


La paralización de obras públicas representa un problema serio en el Perú. Proyectos concebidos para cerrar brechas sociales y de infraestructura en muchos casos no culminan, lo cual causa un justificado descontento entre la población.

Esta situación se ha presentado en los últimos años, de forma recurrente, en el interior del país. Entre las causas puede citarse la corrupción, así como la incapacidad del Estado en todos sus niveles, principalmente en los gobiernos regionales y locales, para gestionar con eficiencia esas obras.

El Estado, entonces, no adolece de falta de recursos para ejecutar proyectos públicos. El problema es la carencia de capacidad técnica.

Las cifras son reveladoras. De acuerdo con la Contraloría, a la fecha hay 867 obras paralizadas por un monto superior a los 16,870 millones de soles tanto en el ámbito del Gobierno nacional como en el de los regionales.

De ese total, 528 registran un avance físico igual o superior al 50%. Son especies de “elefantes blancos” inconclusos que hacen más notoria la falta de capacidad de las unidades ejecutoras para culminarlas.

Este problema puede impedir la culminación de grandes proyectos de infraestructura vial en las ciudades, así como también pequeñas obras de saneamiento en áreas rurales. Sin embargo, el denominador común en ambos casos es el descontento que genera en la población. Como es lógico, los peruanos aspiran a que el Estado les solucione los problemas y mejore su calidad de vida por medio de la obra pública.

Por lo expuesto, no es conveniente para el Estado y la democracia que nuestras autoridades y la gestión pública sean desprestigiadas como resultado de este escollo. Debemos recordar que los problemas sociales de varios países de la región se han originado por la falta de atención a las demandas ciudadanas.

Además, la inversión pública, uno de los motores del crecimiento, se ve afectada. Según datos oficiales, este rubro ha mostrado una evolución volátil en lo que va del año y una de las causas serían las obras inconclusas.

En ese contexto, el Gobierno decidió intervenir para dar continuidad a los proyectos con problemas. En el contexto del interregno parlamentario se aprobó el Decreto de Urgencia N° 008-2019, que establece medidas extraordinarias para reactivarlos.

La norma declara de necesidad urgente la reanudación de las obras y autoriza a las entidades responsables para que propongan al contratista retomarlas o, en su defecto, resolver el contrato.

Autoriza también la elaboración de un expediente técnico para el saldo del proyecto, el cual puede incluir la subsanación de las partidas mal ejecutadas, y de las deficiencias del expediente técnico original; así como ejecutar el faltante de la iniciativa de forma directa en caso tenga capacidad para hacerlo, entre otros aspectos.

Sin duda, resulta importante para el país que el Gobierno tome al toro por las astas y pise el acelerador para agilizar las obras. Con ello se espera atender las demandas de la población y que la inversión pública alcance el 2.5% al final del año, tal como lo establece el Marco Macroeconómico Multianual.

También es necesario apoyar a los gobiernos subnacionales. Una solución sería involucrar más a Servir con el fin de nutrir a las regiones y municipios con gerentes y funcionarios técnicos con la debida capacitación para formular eficientemente los proyectos que el país necesita.