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NORMA APROBADA POR EL CONGRESO AFECTA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN, SEÑALA PRESIDENTE

Poder Ejecutivo observará ley de financiamiento ilegal a partidos

Expresa su repudio e indignación por casos de corrupción que involucran a autoridades electas y en funciones.

7/12/2018


Ante la reciente aprobación en el Congreso de un proyecto de ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal, que reduciría las penas a los investigados por presunto lavado de activos, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció que observará esta autógrafa cuando llegue al Ejecutivo.

En su discurso durante la inauguración de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad, organizada por la Contraloría General de la República, el Mandatario señaló que, de entrar en vigor la referida norma, constituiría un grave retroceso en la lucha contra la corrupción que se lleva adelante con el respaldo de los peruanos.

“¿A quién o a quiénes se busca beneficiar con esta ley? ¿Cuál es la intención de aprobar una norma de este tipo que, además, tiene que ver con una de las preguntas del referéndum, a solo tres días de realizarse la consulta popular? Por ello, adelanto que observaré esta ley cuando sea remitida al Ejecutivo”, afirmó.

El presidente Vizcarra dijo que llama la atención que el Parlamento haya aprobado una ley de esta naturaleza que, además tiene que ver con una de las preguntas del referéndum de este domingo 9 de diciembre: la reforma constitucional sobre el financiamiento de las organizaciones políticas.

Asimismo, que la aprobación de ese dictamen se realizó en circunstancias en que se denunciaba una supuesta interceptación telefónica ilegal en inmediaciones del domicilio del exmandatario Alan García.

De igual forma, el Jefe del Estado sostuvo que los casos de corrupción descubiertos en los últimos meses demuestran “la profundidad que ha alcanzado” este flagelo en diferentes instancias del Estado, entre ellos los gobiernos municipales, regionales, el sistema de justicia, instancias del Estado y el sector privado.

En ese sentido, expresó su “repudio e indignación” por el caso de autoridades electas en el interior del país que, traicionando la voluntad de los ciudadanos, incluso antes de asumir sus cargos, han sido capturadas por estar involucradas en presuntos actos irregulares.

Mencionó los hechos ocurridos en Lobitos (Piura) y Lunahuaná (al sur de Lima), que se suman a los de La Victoria, Punta Negra, Chiclayo, Tacna, entre otros. “Estos casos no solo deben ser investigados y sancionados severamente, sino también deben servir para entender que aún hay mucho por hacer en la búsqueda de la integridad. Las instituciones del Estado no pueden convertirse en botín de inescrupulosos”, expresó.

Vizcarra Cornejo precisó que todos estos hechos generan la indignación de los peruanos. Dijo estar convencido de que estas situaciones generan una mayor conciencia en los ciudadanos para “luchar firmemente contra la corrupción”.

“Este es un problema que debemos afrontar con urgencia, y que necesita del esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado, y del respaldo y la vigilancia de la ciudadanía. Tenemos que convertir esta indignación en acción. Ninguna institución, autoridad y ciudadano o ciudadana tienen excusa para no contribuir al logro de este objetivo”, recalcó.

En esa línea, refirió que “tal como lo ha reconocido la comunidad internacional y, en particular, los gobiernos de Uruguay y España, rechazando tajantemente, esta semana, el pedido de asilo de los ciudadanos Alan García y César Hinostroza, en nuestro país existe un Estado democrático de derecho en el que hay separación de poderes y en el que jueces y fiscales están cumpliendo con su obligación de investigar y sancionar la corrupción”, aseguró.

De esta manera, reafirmó el compromiso de su gobierno de “seguir apoyando, fortaleciendo y respetando irrestrictamente la independencia y autonomía del sistema de justicia para que logre cabalmente su cometido”.

Principales medidas

También manifestó que una prioridad del Gobierno es que la Política Nacional y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 sean plenamente implementados, por lo que el Gobierno ha creado una entidad de máximo nivel en la Presidencia del Consejo de Ministros: la Secretaría de Integridad Pública, que tiene a cargo la rectoría de estas políticas en la aplicación de estas acciones, y que en el poco tiempo que viene funcionando ha realizado valiosas acciones.

Una de las medidas es la emisión del decreto supremo que obliga a todos los funcionarios con capacidad de decisión a presentar su declaración jurada de intereses. “A la fecha, más de 9,000 funcionarios han cumplido con esta obligación, y haremos lo necesario para que esta se extienda a todo el Estado, al Poder Legislativo, a los órganos constitucionales autónomos, a los gobiernos regionales y locales”, comentó el Mandatario.

Contralor insta a articular esfuerzos

Durante la inauguración de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad - CAII 2018, el contralor general Nelson Shack instó a los funcionarios, empresarios y ciudadanos a articular esfuerzos para una verdadera reforma estructural en el país y asumir un serio compromiso en la lucha y prevención de la corrupción, que contribuya a evitar que aumente la debilidad de las instituciones públicas y la desconfianza ciudadana.

“La corrupción afecta directamente la vida de las personas, el derecho de cada ciudadano en cualquier lugar del mundo a realizar sus sueños, y a ejercer con absoluta libertad y en igualdad de oportunidades, sus derechos. La corrupción es un problema serio que mata o hiere de muerte, no solo a las instituciones, sino también a las personas”.

Manifestó que los graves casos de corrupción suscitados en el país, que involucran inclusive a autoridades de los tres niveles del gobierno, deben llamar a la reflexión de la sociedad en su conjunto para unirnos de forma verdaderamente efectiva en la lucha contra la corrupción, con un Estado que escucha y promueve la participación ciudadana.

Por ello, destacó que la CAII, que congrega en Lima a más de 30 expertos nacionales e internacionales de todo el mundo, sea llamada a ser un foro anual de discusión en toda América Latina en la lucha contra este flagelo social.

“Y somos aún más conscientes que esta tarea compromete a todos, y será menos complicada si trabajamos en conjunto, aliados internacionalmente”,

Sostuvo que resulta importante hablar de integridad pública y prevención, promoviendo integridad en los tres niveles de gobierno, formando agentes de cambio y mejorando la transparencia y la gobernanza.