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Política migratoria

El tratamiento humanitario que el Estado peruano les brinda a los venezolanos que han llegado al país es un buen ejemplo de que la política migratoria está centrada en la persona humana y el respeto a sus derechos fundamentales, independientemente de su condición migratoria.

11/7/2018


En reconocimiento a la grave crisis económica, política y social que se vive en el país del norte, el Perú ha permitido la entrada de más de 300,000 venezolanos, ha facilitado su integración al mercado laboral con el permiso temporal de trabajo, igualando sus derechos al del trabajador peruano, mientras que a los niños los ha insertado en el sistema educativo nacional y los servicios de la salud.

El tema es un buen pretexto para reflexionar sobre la política nacional migratoria, con miras a una cada vez mayor movilidad social que no solo lleva a los peruanos a vivir en el exterior, sino también a muchos extranjeros a residir en el país, aprovechando su desarrollo y estabilidad política, social y económica.

El Perú cuenta con aproximadamente 3.5 millones de compatriotas en el exterior y acoge a más de 100,000 extranjeros, exceptuado el caso venezolano, que responde a una situación excepcional.

Solo un dato, el año pasado 428 extranjeros se nacionalizaron peruanos, más del doble de lo registrado en el 2016, lo que refleja un creciente interés de los visitantes que vienen al Perú y que lo consideran el lugar para vivir.

La política vigente está recogida en el Decreto Supremo N° 015-2017 RE, que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017-2025, y que ha sido formulada desde la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria (MTIGM).

Esta política tiene cuatro ejes: los peruanos en el exterior y sus familiares, los peruanos con voluntad de emigrar; los peruanos retornantes o con voluntad de retornar, y los extranjeros en el Perú. El Estado debe atender a cada uno de estos sectores.

Estos cuatro ejes responden a seis enfoques (derechos humanos, género, seguridad humana, integralidad, interculturalidad y enfoque etario) y diez principios, que buscan modernizar la visión y la gestión del tema migratorio, convirtiéndolo en un eje transversal de la gestión pública.

Una rápida mirada nos lleva a la conclusión de que el país hace esfuerzos por atender y facilitar la estadía de los extranjeros que llegan, obviamente respetando su soberanía y la ley nacional, pero cabría preguntarnos si esas mismas condiciones se les dan a los peruanos en el exterior.

Habría que revisar en qué estado se halla la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado (N° 30001), aprobada en el 2014, y que brinda una serie de beneficios a los peruanos que deseen retornar. Cuántos compatriotas se han acogido a esta norma y qué cambios deberían hacerse para afianzar su efectividad.

Está pendiente también la creación del distrito electoral para los peruanos en el exterior, de manera que tengan representación en el Parlamento, un tema que obtuvo buen consenso en el Congreso anterior, pero que lamentablemente no alcanzó para concretarse en norma.