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APROXIMACIONES

Por fin tenemos Junta Nacional de Justicia

Contra viento y marea, el viernes 1º de febrero el Congreso de la República aprobó la tan ansiada Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) –en sintonía con el resultado del referéndum realizado en diciembre–, con un resultado de 78 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones.

6/2/2019


Edhín Campos Barranzuela

Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional

La JNJ reemplazará al extinto Consejo Nacional de la Magistratura y su función primordial será la de seleccionar, nombrar, sancionar, destituir y ratificar a los señores jueces y fiscales de toda la República.

La norma aprobada fue fruto del consenso de las diferentes tiendas políticas, al que llegaron los presidentes de las comisiones de Justicia, Alberto Oliva, y de Constitución, Rosa Bartra, a iniciativa del presidente de ese poder del Estado, Daniel Salaverry.

Una de las innovaciones de esta nueva norma legal –que debe ser promulgada u observada por el Presidente de la República– es la priorización de la meritocracia de los magistrados, independientemente de la diferencia de género, pues de lo que se trata es de que a los jueces y fiscales se les evalúe por sus méritos académicos, sea varón o mujer quien aspire a la judicatura.

No hay que perder de vista que este fin de semana, desde la ciudad de Arequipa, los 35 presidentes de Cortes Superiores de Justicia del país, el propio jefe de la Ocma, el presidente del Poder Judicial y, además, el pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial –es decir, la crema y nata de la justicia peruana–, expresaron su preocupación por el nuevo marco normativo de la Junta Nacional de Justicia.

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, manifestó que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de la República había planteado hasta 10 observaciones al proyecto de ley de la JNJ, relacionadas con la constitucionalidad de la norma y su compatibilidad con el ordenamiento jurídico y con la contribución a la mejora del servicio de justicia.

Una de las preocupaciones de la judicatura peruana es el enfoque de cómo se desarrollan las ratificaciones y la evaluación del desempeño, algo que ciertamente lesiona el principio constitucional de independencia judicial y, además, la calidad de la justicia al servicio al ciudadano, toda vez que la ratificación debilita la garantía de permanencia e inamovilidad de los jueces, sustento de independencia de su función.

En tal sentido, muchos entendidos sostienen que ha llegado la hora de la refundación del Poder Judicial y el momento es propicio para realizar las reformas que tanto reclama la ciudadanía peruana. Es por ello que se hace necesario reevaluar el viejo sistema de ratificación que ya ha sido derogado por muchos países, de cuya tradición democrática se encuentra debidamente marcado el Estado Constitucional de derecho, pues el punto más vulnerable de todo magistrado se hace visible cuando este se encuentra en proceso de ratificación.