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EDITORIAL

Por la igualdad y defensa de la mujer

El Perú da pasos firmes en el compromiso de consolidar una sociedad libre de violencia, como una de las metas rumbo al Bicentenario de la Independencia.

5/11/2018


La promoción de la igualdad y la eliminación de la violencia contra la mujer son compromisos del país y, en forma particular, del Gobierno; por ello, la decisión de fortalecer la normatividad que permita proteger a las víctimas, sancionar con firmeza a los violentos y avanzar en corregir esta cultura machista que afecta a las familias.


En ese contexto, el 25 del presente mes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha dirigida a sensibilizar, concientizar y llamar la atención a la opinión pública y a nuestras autoridades, respecto a las acciones emprendidas para el cambio por completo de esta cultura de agresión, por una de igualdad y más oportunidades para todos.

Si bien la atención urgente y pronta de esta triste realidad pasa por múltiples frentes y enfoques, bien merece anotarse lo avanzado hasta el momento, que pone en evidencia también la decisión y el compromiso gubernamental en dar una respuesta inmediata a este problema, siempre con un enfoque de prevención, protección y atención pronta.

Así, en uso de las facultades legislativas aprobadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo dictó importantes normas para afianzar esta estrategia contra la no violencia hacia las mujeres.

Entre otros, aprobó el D. Leg. 1368, que crea el sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; el D. Leg. 1386, para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia; y el D. Leg. 1408, para el fortalecimiento y la prevención de la violencia en las familias.

Precisamente, para afianzar este marco legal recientemente se publicó la Ley Nº 30862, que modifica el Código Penal a fin de incrementar hasta ocho años de prisión para los que desobedezcan una medida de protección dictada a favor de una mujer o integrantes del grupo familiar. También se aumenta hasta seis años de prisión la pena máxima cuando exista desobediencia a la orden de someterse a un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tengan por fin determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.

Pero la estrategia por garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia pasa también por la implementación de redes de prevención y protección vecinal frente a este flagelo; la ampliación de la estrategia rural contra la violencia, el trabajo con los líderes y las lideresas de las comunidades, en una intervención con enfoque intercultural; y la instalación de más centros de emergencia mujer en comisarías.

También se avanza en la nueva Política Nacional de Igualdad de Género, como el principal instrumento orientador de comportamientos sociales libres de discriminación contra las mujeres; el fortalecimiento del Servicio de Atención Urgente a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (SAU) y la implementación de más unidades de protección especial para los menores sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

Mientras que con un carácter multisectorial e interinstitucional, la comisión de emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de estos además aprobó el protocolo contra el feminicidio y violencia de pareja; el plan operativo para la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, entre otras acciones destinadas a consolidar una sociedad libre de violencia, como una de las metas rumbo al Bicentenario de la Independencia.

Sin duda, un trabajo que debe reforzarse cada día para evitar que se presenten nuevos casos de feminicidio en el país.