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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
JUEVES 14

de noviembre de 2019

EDITORIAL

Por un mejor Congreso

“[...] los partidos políticos asumen la responsabilidad de optimizar sus procesos internos con el objetivo de filtrar de forma eficiente la lista de candidatos [...]”.

17/10/2019


Las elecciones parlamentarias de enero del 2020 plantean a los partidos políticos el enorme reto de elegir correctamente a sus candidatos.

Se trata de un desafío de suma importancia. En la región, el Congreso de nuestro país es uno de los menos respaldados por la ciudadanía. De acuerdo con una encuesta de Ipsos efectuada en mayo, el 71% de la población desaprobaba la gestión del Parlamento. No sorprende, en consecuencia, que el 89.5% de los encuestados, según CPI, haya respaldado la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver este poder del Estado.

Entre otros factores, el rechazo al desempeño del Parlamento se relaciona estrechamente con la mala conducta, irregularidades y hasta delitos protagonizados por legisladores de diversas tiendas políticas.

No se trata de un dato sin sustento. El Congreso disuelto tuvo entre sus filas a un parlamentario que fue encarcelado tras ser despojado de su inmunidad y condenado por el Poder Judicial. Asimismo, un grupo de exlegisladores deberá afrontar procesos judiciales cuando pierdan su inmunidad al cumplirse 30 días del cierre constitucional del Parlamento. Adicionalmente, varios afrontan investigaciones en el Ministerio Público, por presuntamente integrar organizaciones criminales, y en la Comisión de Ética, por violar el Código de Ética.

No podemos soslayar el efecto negativo que estas situaciones generan en la imagen del Legislativo. Ese desprestigio no es saludable para la estabilidad de nuestra democracia. La ciudadanía debe sentirse plenamente representada por el Congreso y tener la certeza de que sus representantes trabajan por el bien común y no buscando el beneficio propio.

En consecuencia, los partidos desempeñan en este punto un papel clave en virtud de que son los encargados de elaborar la lista de candidatos. Dado los antecedentes negativos antes mencionados, es evidente que algo falla en el proceso.

Entre las causas de estos vicios pueden mencionarse el afán por dar cabida a postulantes sin mayor arraigo ni historial político y privilegiar otras razones, como su solvencia económica y el volumen de sus aportes a la campaña del partido.

Por ello, hoy más que nunca se hace necesario que esta situación cambie. En la medida en que la reforma política sobre la democracia interna no estará vigente para los comicios de enero, los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de optimizar sus procesos internos con el objetivo de filtrar de forma eficiente la lista de candidatos y depurar a toda aquella persona cuya conducta política y personal no sea digna de la responsabilidad inherente al cargo de congresista de la República.

Una buena herramienta de apoyo en esta labor es la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instrumento en el cual los partidos pueden examinar si los potenciales candidatos cuentan con sentencias condenatorias por delito doloso con calidad de cosa juzgada y vigentes; órdenes de captura nacional e internacional; deudas por obligaciones alimentarias o por acreencias judiciales; entre otra información relevante.

Esperemos que esta herramienta y otras más sean aprovechadas y que el próximo Congreso responda a la expectativas de la ciudadanía.