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Año de la Universalización de la Salud
DOMINGO 27

de setiembre de 2020

Por una mejor representación

“[...] compete también a la sociedad civil ejercer un papel de vigilancia estrecha con el propósito de contribuir a garantizar que la reforma se cumpla de forma estricta”.

14/9/2020


Pese a la complicada coyuntura política en la que está envuelto el Perú y en medio de la terrible pandemia del nuevo coronavirus, es un hecho positivo que el Congreso de la República haya aprobado en segunda votación la reforma constitucional que impide a los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos como autores o cómplices, postular a cargos de elección popular o ejercer una función pública.

Dicha reforma fue concebida con el propósito de evitar que personajes hallados responsables de ese tipo de ilícitos penales contaminen la clase política al infiltrarse en instituciones cuyos miembros deben ser ejemplo de transparencia y probidad frente a la población.

Hasta antes de aprobada la reforma, un sentenciado en primera instancia judicial podía presentarse como candidato, por ejemplo, al Congreso o a una gobernatura regional, debido a que no existía ningún instrumento que se lo impidiera. Ese vacío en nuestro ordenamiento legal permitió en los últimos años que personas sentenciadas en primera instancia por diversos delitos accedieran a cargos públicos, lo cual ahondó el desprestigio de la política en la población y afectó de forma grave las instituciones del país y la democracia en general.

De acuerdo con el Ejecutivo y con especialistas en la materia, la entrada en vigencia de esta reforma constitucional en las elecciones generales del próximo año mejorará la calidad de la representación política y contribuirá a adecentar el servicio en el Estado. Adicionalmente servirá para evitar que los condenados por el Poder Judicial vean los cargos públicos como una especie de seguro de inmunidad frente a la acción de la ley. Por tanto, se espera que tenga también un impacto positivo en la lucha contra la corrupción emprendida en el país.

Lograr el consenso en un Congreso compuesto por bancadas de tan disímil orientación política y, sobre todo, con líderes que podrían verse afectados por esta reforma constitucional no ha sido tarea sencilla. Sin embargo, ha valido la pena el empeño que tanto el Ejecutivo como los sectores del Parlamento comprometidos con la lucha contra la corrupción y la sociedad civil pusieron en la consecución de este avance.

Ahora es necesario que los partidos complementen este esfuerzo y optimicen sus mecanismos de selección de postulantes, pues es previsible que algunos malos elementos intentarán por diversos medios burlar el impedimento. Existe una serie de herramientas a disposición para lograr esta meta, entre ellas la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), plataforma que brinda información completa a los organizaciones políticas, a fin de realizar una selección idónea de las personas que los representarán. En ese escenario, compete además a la sociedad civil ejercer un papel de vigilancia estricta con el propósito de contribuir a garantizar que la reforma se cumpla de forma estricta.

Por lo expuesto, urge que este esfuerzo no se detenga solo en la aprobación de la reforma constitucional, sino que también continúe de forma permanente en el Perú.