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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
LUNES 18

de marzo de 2019

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EDITORIAL

Propuesta para frenar la corrupción

La presentación del proyecto de ley del gobierno del presidente Martín Vizcarra al Congreso de la República para declarar en emergencia al Ministerio Público, tras la destitución de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, ha sido decisiva para comenzar a revertir la crisis institucional generada al interior de esta entidad.

3/1/2019


La decisión del titular del Ministerio Público ponía en riesgo la investigación iniciada en el caso Lava Jato, ya que los fiscales reemplazantes Frank Almanza y Marcial Páucar no se encontraban informados del caso, lo cual podría haber originado un grave retraso en las investigaciones que debían reanudarse a mediados de este mes.

Destaca el enorme cuidado del Jefe del Estado en mantener el proyecto de reforma del Ministerio Público dentro del respeto irrestricto de la Constitución Política, la división e independencia de poderes y el Estado de derecho que se mantiene en nuestro país, como lo pueden atestiguar la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad internacional.

En las primeras horas de ayer, los fiscales reemplazantes, Almanza y Páucar, declinaron al cargo. Más tarde, Chávarry terminó por ratificar a los fiscales Vela y Pérez en el Equipo Especial Lava Jato, luego de que los destituyera. La crisis no termina. Al cierre de la edición, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos habían solicitado la renuncia del fiscal de la Nación.

La corrupción se desarrolla cuando existe una mayor concentración de poder, una baja institucionalidad y una alta dispersión social, de acuerdo con el especialista Eduardo Campos.

En ese sentido, el presidente Vizcarra, desde el primer momento, mantiene la división de poderes. Por eso, envió el proyecto de ley para que sea el Congreso de la República el que debata y tome decisiones sobre las reformas necesarias en el Ministerio Público.

La iniciativa del Mandatario es producto del clamor nacional de luchar contra la corrupción en todas las instancias del Estado. Como pocas veces ha ocurrido en nuestra historia, la población apoya en las calles la iniciativa del Presidente. Una mención especial se merecen todos los peruanos que se volcaron, no obstante las fiestas de fin de año, a las plazas para ejercer su derecho de protesta ante lo que consideran un atropello del fiscal de la Nación.

Como se demostró en el referéndum del 9 de diciembre, cerca del 85% de los peruanos desean un cambio fundamental en el funcionamiento del Estado.

La corrupción corroe las bases del desarrollo de nuestro país porque reduce el nivel de inversión, afecta la competitividad y la eficacia, disminuye los ingresos públicos destinados a los bienes y servicios esenciales, atenta contra la productividad, desalienta la innovación, socava el Estado de derecho y aumenta la inestabilidad política, entre otros efectos.

Todos tenemos hoy la enorme tarea de frenar la corrupción, que ha costado al Estado peruano, de acuerdo con el historiador Alfonso W. Quiroz, entre el 3% y 4% de su PBI.