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Sanción severa para violadores

Un hito importante en la administración de justicia penal marcó la Corte Suprema de Justicia, hace pocos días, al proscribir la atenuación de la determinación de las penas en el delito de violación sexual de menores de edad.

28/12/2018


Fue mediante la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2018/CIJ-433, emitida por los magistrados de las salas penales Permanente, Transitoria y Especial de la máxima instancia judicial del país, que acordaron dejar sin efecto el carácter vinculante de la Sentencia Casatoria Nº 335-2015/El Santa, que atenuaba la determinación de esas sanciones.

Así lo dispusieron en un reciente pleno jurisdiccional casatorio, que se llevó a cabo tras las inconsistencias en los criterios de determinación de la pena en el delito de violación de menores de edad observadas en la sentencia casatoria.

Se sostuvo que no es inconstitucional el artículo 173 del Código Penal, por el cual se señala que el delito de violación sexual en agravio de un menor de 14 años será reprimido con pena de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza.

Este artículo no contempla una pena inconstitucional, más aún porque no existen razones concluyentes, desde el principio de proporcionalidad, para estimar que la pena legalmente prevista para el delito de violación sexual de menores de edad no puede ser impuesta por los jueces penales.

En ese sentido, se estableció que corresponde al juez penal ser muy riguroso en la determinación e individualización de la pena.

Además, los magistrados supremos recalcaron que la pena de cadena perpetua debe ser aplicada en sus justos términos, aunque advierten que siempre es posible una opción individualizadora y de menor rigor en situaciones excepcionales.

Estos lineamientos jurídicos expresados en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2018/CIJ-433 por los jueces supremos penales constituyen doctrina legal vinculante y, por ende, deben ser invocados y tomados en cuenta por los jueces penales de todas las instancias al momento de resolver casos de violación de menores de edad.

Definitivamente, bajo estos términos, la proscripción de la atenuación de la determinación de las penas en el delito de violación sexual de menores de edad constituye un triunfo contra la impunidad que debe ser considerado por la ciudadanía. Sobre todo porque se trata de un ilícito muy repudiable que merece sanciones muy severas y constituye una reacción legítima del propio Poder Judicial ante la coyuntura para reprimir y erradicar la violencia sexual.

En esa línea, el Estado no es ajeno a la percepción ciudadana que reclama siempre justicia, a tono con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, que señala que la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional constituyen principios y derechos de la función jurisdiccional.