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Sanciones contra el racismo

El Ministerio de Cultura ha anunciado que se prepara una propuesta legislativa para sancionar efectivamente la discriminación étnica-racial en el país, una buena oportunidad para revisar nuestro marco jurídico y social en la materia, a fin de mejorarlo y actualizarlo, en pos de erradicar el racismo de nuestra sociedad.

13/12/2018


Es evidente que no obstante lo avanzado en cuanto a sanciones penales, educación, políticas públicas y discursos público y privado contra la discriminación, los peruanos aún tenemos dificultades para interiorizar el valor de la igualdad, como lo acaba de demostrar la primera encuesta nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, difundida en marzo pasado.

Dicho estudio, planificado por el Ministerio de Cultura y ejecutado por Ipsos Perú, arrojó que el 53% de los encuestados considera que los peruanos son racistas o muy racistas, pero apenas el 8% se percibe a sí mismo como tal, lo que demuestra que lo vemos como un problema del país, aunque son pocos los que están dispuestos a asumirlo como un tema personal.

En el plano penal, la propuesta legislativa del Ejecutivo plantea tipificar y centralizar las sanciones ante casos de discriminación, dependiendo del espacio en el que se produce, ya sea laboral, establecimientos privados, colegios, entre otros.

La última vez que se modificó el artículo 323 del Código Penal, que tipifica y penaliza el delito de discriminación e incitación a ella, fue recién el año pasado, mediante el Decreto Legislativo N° 1323.

El referido artículo señala que la persona que incurre en este delito, sea por sí mismo o por terceros, en alguna de las 17 motivaciones que recoge la norma (sexo, religión, condición migratoria, discapacidad, factor genético, etcétera), será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de tres años o con prestación de servicios a la comunidad, de 60 a 120 jornadas.

Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se produce la discriminación mediante actos de violencia física o mental, por medio de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación.

Habrá que esperar el texto del proyecto para conocer si se incrementarán las penas, se incluirán más motivaciones de discriminación o si lo que se pretende es una mejor cobertura. Lo que queda claro, a la luz de los resultados, es que este marco penal y los que se aprobaron anteriormente no han funcionado.

Desde que se aprobó la primera ley en la materia, en el 2000, hay un solo condenado por un acto de discriminación racial en el Perú, que se produjo en Huancayo en el 2015.

Otro material importante que debe aprovecharse son los resultados de la primera encuesta nacional sobre discriminación, pues ayudarán a identificar mejor los grupos étnicos, espacios y situaciones más vulnerables a este flagelo, incluso dentro del Estado, a fin de lograr una mejor atención de las políticas públicas.