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Año del diálogo y la reconciliación nacional
MIÉRCOLES 15

de agosto de 2018

Seguridad para la niñez peruana

Las medidas reforzadas de prevención se encuentran listas, pero también es fundamental la celeridad del Ministerio Público en formular denuncia y que los jueces dicten la sentencia más severa.

8/2/2018


El rapto, violación y cruel asesinato de una niña de 11 años ha originados una justificada indignación por la crueldad del agresor. La gravedad del delito, que se inició con el secuestro de la menor en la puerta de una estación policial, revela cuán vulnerable son los infantes ante el accionar de atacantes sexuales, y confirma la imperiosa necesidad de ajustar procedimientos para salvaguardar la seguridad de la niñez peruana.


De hecho, las cifras sobre ese tipo de agresiones resultan abrumadoras: según fuentes oficiales, el 70% de las víctimas de violencia sexual son niños y adolescentes sin diferenciación de género, y el 35% de adolescentes de 12 a 17 años ha sido víctima de violencia sexual alguna vez. Además, solo en el 2017 se registraron más de 25,000 casos de menores de edad, mientras que desde el 2000 al 2017 se sentaron 263,583 denuncias contra este tipo de delito.

Es cierto que los indicadores estadísticos solo ayudan a realizar un diagnóstico cercano a esta terrible realidad –panorama que tiende a ser más aterrador cuando el agresor es parte del entorno familiar o amical–, pero basta un caso como el de la menor secuestrada en el frontis de la comisaría de Canto Rey para que genere tal aversión en los ciudadanos contra este tipo de delitos que, incluso, piden el establecimiento de la pena capital para su castigo.

Las autoridades han escuchado ese llamado y formaron el Grupo de Trabajo para la Elaboración de Acciones Articuladas para Promover la Protección y Seguridad de Niñas, Niños y Adolescentes Libres de Violencia, en cuya primera sesión acordaron medidas que den respuesta a la ciudadanía que hoy se movilizará hacia el Congreso a fin de exigir seguridad y sanción ejemplar en los casos de violación a menores.

Una primera acción es el mejoramiento del protocolo de investigación de la Policía Nacional sobre las denuncias de presuntas desapariciones de niños y niñas, a fin de contemplar procedimientos más eficientes y rápidos frente a estos casos. También la revisión de las estrategias de trabajo policial con la comunidad en las comisarías con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos. Una de ellas es la implementación de la Alerta Amber, sistema de notificación de menores de edad desaparecidos que se ha implementado en Estados Unidos, Colombia y países de Centroamérica.

Otra línea es la participación activa de la Policía en la reactivación de las brigadas escolares, formadas por padres de familia y auxiliares de educación, que vigilarán las inmediaciones, ingresos y salidas de los colegios para evitar que elementos de mal vivir se acerquen a los menores. A ello se suma el refuerzo de la educación sexual en los planteles desde la etapa inicial de formación, en el marco de la tutoría y la formación que se brinda en los centros educativos.

Las medidas reforzadas de prevención se encuentran listas para su aplicación, pero también es fundamental la celeridad del Ministerio Público en formular la denuncia respectiva y que los jueces dicten la sentencia más severa contra los agresores.