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Año de la Universalización de la Salud
DOMINGO 27

de setiembre de 2020

Un acto de justicia

“[...] estamos ante un acto de justicia, pues en una democracia como la nuestra son incompatibles las inequidades e injusticias entre diferentes sectores laborales.

7/9/2020


Las trabajadoras del hogar eran un sector vulnerable debido a que la legislación actual no garantizaba plenamente su acceso a una remuneración justa y además no establecía los mecanismos de protección de sus derechos fundamentales.

La Ley N°27986 establecía para este sector condiciones de trabajo similares a las del régimen general, pero reducidos a un 50%. Por ejemplo, tenían derecho a gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) equivalentes a medio sueldo y no establecía la obligación de pagarles la remuneración mínima vital (RMV). Ello configuraba un trato no equitativo que afectaba a las cerca de 500,000 personas que laboran en este sector económico.

Páginas enteras se han escrito respecto a los abusos a los que muchas trabajadoras del hogar eran sometidas por parte de sus empleadores, justamente debido a la falta de un marco normativo que garantice sus derechos. En algunos casos, la pandemia causada por el nuevo coronavirus agravó la situación y mostró su grado de vulnerabilidad, pues se llegaron a conocer casos de personas que prácticamente obligaban a sus trabajadoras domésticas a no abandonar sus centros laborales ningún día de la semana, mientras que otras fueron despedidas al contagiarse con la letal cepa viral, sin ningún tipo de cuidado médico y orientación.

Por tanto, para solucionar este problema, recientemente el Congreso de la República aprobó la Ley de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, norma que establece una jornada laboral de 48 horas a la semana, un sueldo establecido por acuerdo libre entre las partes no menor a una Remuneración Mínima Vital y la edad de 18 años como mínimo para desempeñar esa labor.

Entre otros aspectos positivos en el texto legislativo se prohíben los actos discriminatorios y trato vejatorio que afecte la dignidad de la trabajadora o el trabajador, garantiza su protección desde la etapa de gestación, prohíbe el despido por motivo de maternidad y se otorga descanso pre y posnatal conforme al régimen laboral de la actividad privada. Además, se deja establecido que la alimentación y el alojamiento del personal doméstico no puede ser considerado como parte de la remuneración y el empleador está obligado a proporcionarlos.

Con esta ley, además, el Perú avanza en la adecuación de su legislación al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el Perú en el 2018, que determina los derechos a los que deben tener acceso todos los miembros de este sector económico sin ningún tipo de desigualdad ni discriminación frente a otros.

Sin lugar a dudas, se trata de una ley positiva que llena un vacío legal en cuanto al tratamiento que reciben las trabajadoras del hogar y ahora se espera que la labor de este sector se profesionalice y cuente con el respaldo y la protección legal, así como ocurre en cualquier otro sector productivo.

Además, estamos ante un acto de justicia, pues en una democracia como la nuestra son incompatibles las inequidades e injusticias entre diferentes sectores laborales.