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Año de la Universalización de la Salud
VIERNES 3

de julio de 2020

Urge el concurso de todos

“En el Perú es urgente que las clínicas privadas aporten su infraestructura y personal a los esfuerzos por atender a los infectados con el covid-19, especialmente a aquellos en estado crítico[...]”.

25/6/2020


El presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó a las clínicas privadas a retomar las conversaciones con el Ministerio de Salud a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio que permita incorporarlas al sistema sanitario público que combate la pandemia del covid-19 y consideró que un plazo razonable para alcanzar ese convenio es 48 horas; de lo contrario, se recurriría al artículo 70 de la Constitución Política, según el cual nadie puede ser privado de su propiedad salvo causa de seguridad nacional o necesidad pública.

Las clínicas no han aceptado la tarifa propuesta por el Gobierno para los casos del nuevo coronavirus. Por el contrario, en los últimos días, múltiples denuncias dan cuenta de los exorbitantes montos de dinero que estos centros privados exigen a las personas que recibieron tratamiento contra la infección en sus instalaciones. Algunas aseguran que hubo requerimientos de pago de hasta medio millón de soles.

Habida cuenta de que el artículo 70 de nuestra Carta Política la permite, la medida anunciada por el Mandatario no excede los parámetros constitucionales. Asimismo, el Estado se encuentra facultado por la ley para dar ese paso. El artículo 82 de la Ley General de Salud señala que “en la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilizacio´n de todos los recursos me´dico-asistenciales de los sectores pu´blico y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes”.

Estamos, entonces, ante un anuncio que encuentra, de concretarse, sus bases tanto en la Constitución como en la ley, razón por la cual es injustificado cualquier cuestionamiento a su sustento legal o constitucional.

Es pertinente descartar, además, alguna vocación estatista del Gobierno. En lo que va de su gestión, ha respetado la propiedad privada y sus decisiones han sido impecables desde el punto de vista jurídico y constitucional, tal como lo ha confirmado el Tribunal Constitucional cuando se le ha requerido.

Más aún, es necesario añadir que medidas similares han sido ejecutadas por los gobiernos de países duramente golpeados por la pandemia y cuyos sistemas de salud públicos fueron rebasados. Uno de los casos más saltantes es el de España, donde el Gobierno puso bajo control público hospitales y laboratorios privados con el objetivo de contar con más herramientas para combatir al virus. En nuestra región, el Gobierno de Chile también aprobó una acción similar.

En el Perú es urgente que las clínicas privadas aporten su infraestructura y personal a los esfuerzos por atender a los infectados con el covid-19, especialmente a aquellos en estado crítico, debido a la actual saturación que experimentan los hospitales públicos como resultado de la alta demanda de atención especializada causada por la cepa viral.

La emergencia nacional a raíz del covid-19 amerita la participación de todos los sectores. En el caso de las clínicas, el ministro de Salud, Víctor Zamora, les invocó que abandonen el afán de lucro en medio de la pandemia y volver a la mesa de negociaciones a fin de brindar a nuestra población, especialmente a la que sufre los estragos de la enfermedad, una alternativa para recibir atención médica y una esperanza de salvar sus vidas.

Por el bien de los miles de compatriotas contagiados con el nuevo coronavirus, el país espera que este acuerdo se abra paso cuanto antes.