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Año de la Universalización de la Salud
LUNES 25

de mayo de 2020

JOSÉ ÁVILA HERRERA. VICEMINISTRO DEL SECTOR JUSTICIA

“Avanza institucionalidad en materia de DD. HH. en el país”

Entrevista. La aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, por todos los sectores del Estado sin excepción, constituye una señal del más alto compromiso político de la actual administración con los derechos humanos, aseguró el viceministro de Derechos Humanos del Minjus en diálogo con este diario.

11/12/2014


¿De qué manera se viene monitoreando el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2016?

–En principio, recordemos que este plan fue aprobado el pasado 4 de julio, por todos los ministerios sin excepción. Este acto constituyó una señal del más alto compromiso político de la actual administración con los derechos humanos. El PNDH tiene como objetivo principal impregnar a las políticas públicas del enfoque basado en derechos humanos (EBDH). Promueve, además, la articulación del sector público con la identificación de 40 metas y objetivos que todos los sectores se comprometieron a cumplir.

–¿Existen avances en cuanto a su ejecución?

–Se está avanzando de manera progresiva. Como Estado tenemos un gran desafío que es mejorar la articulación de la intervención pública. Te puedo mencionar, por ejemplo, la aprobación de la “Convención para Reducir los Casos de Apátridas” de 1961, instrumento que sin duda refuerza nuestro ordenamiento interno. Otro ejemplo es el sistema de seguimiento de recomendaciones internacionales, mencionado previamente, la política de lactarios lanzado por el Ministerio de la Mujer, entre otros. Está ad portas, además, de aprobarse el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes, que es la primera acción del PNDH.

–Se trata de un plan articulador de la gestión pública. Al respecto, ¿cómo va la respuesta de los sectores?

–Ha sido bastante positiva, muchos sectores están interiorizando temas de derechos humanos y eso es algo destacable. El PNDH busca atraer cada vez más actores a la cancha de los derechos humanos, pues desgraciadamente siempre éramos los mismos involucrados. Ahora actores que tradicionalmente no veían temas de derechos humanos nos están apoyando. Esa es una diferencia importante con el anterior plan. Sin embargo, la articulación es una práctica todavía incipiente en el Estado y debemos trabajar con mayor fuerza en este tema.

–El sector Justicia ha asumido un rol importante en la lucha contra la discriminación, ¿cómo va el cumplimiento en este tema?

–Existen importantes pasos, para ponerlo en términos de Sartori, de ingeniería institucional. En 2013 lanzamos la primera encuesta en materia de derechos humanos, una herramienta que nos ha permitido conocer la real dimensión de discriminación en el país. De igual forma, el Minjus preside la Comisión Nacional Contra la Discriminación (Conacod) que busca combatir de manera frontal este flagelo. En este contexto, la Plataforma Única contra la Discriminación busca hacer más sencillo este tipo de denuncias, unificar criterios, reducir la duplicidad y, sobre todo, hacer que la ciudadanía pueda notar cambios en este aspecto. Me gustaría detenerme un poco en este tema y compartir contigo una reflexión personal. Yo estoy convencido que si no logramos vencer a la discriminación en todas sus formas, nuestro país no va a llegar nunca a ser un país desarrollado, con altos niveles de bienestar para todas y todos. Los esfuerzos en generar empleo decente, en combatir la inseguridad ciudadana, en atraer inversión de poco servirán si no vencemos la discriminación. Es el verdadero enemigo de los derechos humanos.

–¿Qué papel está jugando la sociedad civil en materia de derechos humanos?

–Un papel fundamental. Mi intención es que en este proceso de construcción de institucionalidad en materia de derechos humanos, la sociedad civil afine y mejore nuestro accionar. En este sentido, estoy convencido de que un gobierno democrático debe dejar de lado prácticas como la elaboración de políticas “de gabinete”; vale decir, encerrados, sin interacción con otros actores no estatales. La sociedad civil ha tenido y debe tener un rol vigilante, de exigencia, y además por su experiencia y capacidad técnica, también de orientación para la mejor toma de decisiones. Pero sí debe quedar claro que el responsable de implementar estas políticas es el Estado.

–La descentralización de las políticas públicas en materia de derechos humanos es vital. ¿Qué hace con ello?

–El PNDH tiene una propuesta articuladora y los gobiernos regionales no pueden quedar fuera. Por ejemplo, el Minjus firmó en 2013 tres convenios para brindar asesoría técnica a las autoridades regionales en materia de políticas públicas y enfoque basado en derechos humanos. El PNDH nos servirá como marco para, probablemente, diseñar planes regionales en la materia, y por ende implementar el principio de rendición de cuentas de los gobiernos regionales.

–¿Cómo se articula la política en derechos humanos con otras políticas emblemáticas de la actual administración?

–Uno de los pilares esenciales sobre los cuales descansa el PNDH es la reforma del servicio civil. El profesor Richard Elmore sostenía que las grandes reformas pasan por poner énfasis en lo más importante que tiene el Estado, es decir, las y los servidores públicos. Podemos tener grandes planes y excelentes ideas, pero si no somos capaces de implementarlas de manera adecuada, no habrá cambios en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. La apuesta del plan, por ejemplo, es incluir el enfoque basado en derechos humanos en la reforma del servicio civil. Para esto también firmamos un convenio el año pasado con Servir. De igual forma, en este tema nos están asesorando técnicamente las agencias de cooperación internacional en el país.

Acciones estratégicas

En breve, el Minjus deberá aprobar el Plan Nacional de Educación en Derechos y en Deberes fundamentales, a fin de incorporar en el currículo escolar cuestiones de DD. HH. destinado a afianzar una cultura de respeto a los mismos. En este proceso, participan los ministerios de Educación, Cancillería y el Ceplan.

El viceministro adelantó también que se presentará una herramienta informática para sistematizar todas las decisiones relacionadas con el Perú que hayan sido emitidas por los órganos internacionales de DD. HH. (Comités, procedimientos especiales, Corte y otros). Lo que permitirá definir cursos de acción para atender problemáticas en la materia.

Informó, de igual modo, que se tuvo un acercamiento con la Confiep y el Centro Regional de Apoyo para América Latina del Pacto Mundial para trabajar en la línea de los “derechos humanos y empresa”. “Mal haríamos en hablar solamente de derechos, puesto que para la plena realización de los mismos es necesaria la incorporación de las obligaciones que los acompañan”, anotó el ministro, quien dejó entrever que se trabajará en el tema.

Mujeres

Hace poco, el 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Qué aspectos diseña su despacho en la materia?

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja para darles un mejor servicio a las mujeres. Nuestra prestación emblemática, la defensa pública, recibe a un importante porcentaje de usuarias, básicamente en temas de alimentos y violencia doméstica. Capacitamos además a los defensores públicos en esta materia.

La línea de la defensa de víctimas, además, será repotenciada. He solicitado a la Dirección General de la Defensa Pública la priorización en los esfuerzos para la atención de mujeres y niños. Paralelamente organizamos talleres y charlas de capacitación para los servidores públicos del Minjus con expertos de la sociedad civil, como el caso de Demus, Universidad Cayetano Heredia, entre otras entidades.