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MIÉRCOLES 30

de setiembre de 2020

César Fourment. Alto comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal

CÉSAR FOURMENT. ALTO COMISIONADO EN ASUNTOS DE LUCHA CONTRA LA TALA ILEGAL

“Poder Ejecutivo propondrá cárcel efectiva para madereros ilegales”

Entrevista. Durante 2014 se inmovilizaron 115 millones de pies de madera en los operativos ejecutados contra la tala ilegal, informó el funcionario. Señaló que la propuesta legal para elevar a cuatro años la pena mínina se presentará este año al Parlamento Nacional.

3/1/2015


Cinthia Velarde Chávezcvelarde@editoraperu.com.pe

¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas en lo que va de su gestión?

–En estos tres meses de trabajo nos hemos reunido con todas las instituciones comprometidas en la lucha contra la tala ilegal a fin de coordinar y articular esfuerzos. Hay la necesidad de actualizar la estrategia nacional contra este flagelo dada en 2003.

–¿Eso qué implica?

–Que se adecúe la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal que trabaja desde que se lanzó la estrategia nacional (2003). Hay actores que deben ser considerados en este grupo de trabajo de alto nivel para elaborar, precisamente, una nueva estrategia más articulada. Por ejemplo, que tengan espacio los gobiernos regionales y las comunidades nativas.

–¿Actualmente, no forman parte de la comisión?

–No, y deberíamos.

–¿Quiénes forman parte de la comisión multisectorial?

–Representantes [uno por cada institución] de los ministerios de Agricultura, del Ambiente, Interior, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Nosotros asistimos a las reuniones, pero este año formaremos parte también.

–¿Por qué es necesaria una nueva estrategia contra la tala ilegal?

–Porque en algunos casos la delimitación de funciones no es clara, ni siquiera las cifras que se manejan sobre tala ilegal son claras, hay estadísticas en varios sectores, debe haber una consolidación. Falta articular esfuerzos. Se han presentado casos de duplicidad en el certificado de posición de una comunidad nativa y la concesión a un inversor, ¿a qué se debe esto? A la falta de un mapa, de un inventario de territorios forestales. Por eso, el Gobierno quiere revertir esta situación y se está trabajando en una nueva matriz.

–¿Cuántos operativos se han realizado en 2014?

–Como producto de los operativos realizados durante 2014 se han inmovilizado 115 millones de pies de madera ilegal y esta labor se verá maximizada este año. Nosotros [la oficina que dirige] hemos participado en cinco operativos en estos tres meses de gestión, pero se han realizado muchos otros organizados por los gobiernos regionales, el Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre [del Ministerio de Agricultura], la Policía Especializada en Medioambiente junto con la Fiscalía.

–¿Cuánto pierde el Estado por la tala ilegal?

–No me atrevería a dar cifras, porque no hay herramientas valederas para estimarlo; pero, por ejemplo, Uruguay exporta 1,000 millones de dólares al año en productos forestales, Chile 6,000 millones de dólares anuales, mientras que en el Perú la exportación llega a los 200 millones de dólares. Ese es un indicador que refleja la problemática porque somos un país amazónico.

–¿Es difícil detectar a los madereros ilegales?

–Así es, porque no contamos con las herramientas tecnológicas que nos permitan determinar que el producto maderable tiene procedencia ilegal.

–Ese debe ser un reto para este 2015.

–Sí y por allí debemos empezar. El procurador del Ministerio del Ambiente ha hecho conocer un tema que afecta la operatividad. La interpretación inadecuada a las normas que origina que cuando ocurre una intervención, en lugar de decomisar de inmediato la madera sin documentación, a las personas se les otorga cinco días útiles para presentar papeles. Entonces ganan tiempo.

–¿De qué normas estamos hablando?

–De normas emitidas hace muchos años, que deben perfeccionarse y establecer que la incautación procede cuando se encuentre madera sin documentación.

–Usted ha dicho que el Código Penal peruano contiene vacíos legales que facilitan la labor de las personas y empresas que extraen productos madereros en forma ilícita. ¿Qué modificación hay que hacer para revertir esta situación?

–Se tiene que elevar las penas, porque actualmente las sanciones no son disuasivas, más bien facilitan los hechos ilegales relacionados con la tala.

–¿Cuál es la pena máxima para un talador ilegal?

–Lo penado, en forma común, es de uno a seis años de cárcel y en forma agravada llega a nueve años, pero si la pena es menor a cuatro años no hay pena efectiva.

–En esa línea, ¿qué cambio debería efectuarse?

–Debe establecerse un mínimo de cuatro años de pena para que haya cárcel efectiva.

–¿Se presentará una propuesta al respecto?

–Se está trabajando, vamos a proponerlo este 2015. No consideramos que sea una propuesta ilógica, sino, por el contrario, la intención es evitar que ocurran este tipo de hechos.

–¿Cómo evalúa la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial en la materia?

–El sistema judicial está apoyando, pero solo existen dos juzgados especializados en Piura y Cusco que no se dan abasto y eso dificulta la labor de la Fiscalía porque si tiene un caso en Puno o Madre de Dios, lugar donde predominan los casos, tiene que trasladarse a Piura o Cusco.

–¿Cuántos juzgados especializados se requieren?

–Por lo menos uno más en Madre de Dios.

–¿Cuál debe ser el compromiso de las nuevas autoridades regionales en esta lucha?

–Tienen la oportunidad de designar personas con experiencia en el manejo de la actividad forestal, con miras a detener y prevenir la deforestación de la Selva. Tenemos que impulsar el compromiso de todas las autoridades.

Retos y compromisos

–¿El Estado perseguirá de manera implacable a los madereros ilegales?

–Ese es el compromiso. Hay decisión política de este Gobierno. Además, no debemos permitir que se repitan hechos lamentables como en Saweto (Ucayali). El proceso judicial para castigar a los culpables del crimen de los cuatro dirigentes asháninkas en esa zona del país va por buen camino. Se ha detenido a tres personas y espero que pronto hayan resultados concretos.

–¿Qué otros retos deben asumirse en la materia durante 2015?

–En estos momentos se están trabajando propuestas integrales que permitan ir hacia un trabajo articulado y el reto es impulsar el compromiso de todas las autoridades, de los sectores estatal, privado y académico, para que nos permitan lograr que los bosques no sean afectados.

–¿De qué manera debe participar el sector privado?

–Los exportadores, los aserraderos formales deben comprometerse a fiscalizar mejor a sus proveedores, a fin de garantizar que el producto forestal maderable que adquieren sea de procedencia legal.

–¿Cuándo se presentará la nueva estrategia contra la tala ilegal?

–Esperemos que este año. El trabajo es permanente y arduo. Nuestro despacho se ha reunido con todos los actores y hay voluntad de trabajar sin descanso.

–¿La COP20 ha puesto en relieve la importancia de temas como la lucha contra la tala ilegal?

– La cumbre climática no solo ha traído beneficios al país, sino también puso en la agenda nacional este tema y esperamos que todos pongan el hombro. Insisto, no solo es tarea del Estado.