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APROXIMACIONES

Grilletes electrónicos administrativos

La inseguridad constituye una de las principales preocupaciones para los ciudadanos peruanos. Su abordaje exige una política criminal que brinde cuatro servicios públicos, a saber: la prevención, la persecución penal, la rehabilitación y reinserción social de los infractores, y la atención a las víctimas.

9/5/2019


Carlos Romero Rivera

Presidente del Instituto Nacional Penitenciario

La rehabilitación y reinserción social de los delincuentes adultos es tarea del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que cuenta con 69 cárceles para los procesados con prisión preventiva y los sentenciados a privación de libertad efectiva, así como 37 establecimientos de medio libre para los sentenciados a servicios comunitarios y los liberados por beneficios penitenciarios.

Las 69 cárceles albergan 93,600 personas, cuando su capacidad es de 39,300, registrando 138% de sobrepoblación, cifra siete veces mayor al límite máximo establecido internacionalmente (20%) y la cuarta más alta en América Latina, solo superada por El Salvador y Guatemala (233%) y Bolivia (154%).

La sobrepoblación es más crítica en las cárceles del Callao y Lima. La primera alberga 3,200 personas, pese a su capacidad para 572 (459% de sobrepoblación). Entre las segundas, destacan Miguel Castro Castro, con 5,950 personas, cuando su capacidad es de 1,142 (421%), y Lurigancho con 10,750 personas y capacidad para 3,200 (236%).

La sobrepoblación es el principal problema del sistema carcelario, pues debilita las condiciones de seguridad y vida dignas, así como el tratamiento para lograr la reeducación, rehabilitación y reincorporación de las personas privadas de libertad a la sociedad.

Es urgente que el Congreso pueda debatir el proyecto de Ley 2705/2017-CR, que crea la Comisión Especial de Deshacinamiento de los Establecimientos Penales de Lima y el Callao mediante los Grilletes Electrónicos, que desde fines del 2018 tiene dictamen favorable de su comisión de Justicia.

Esta comisión especial administrativa funcionaría cuatro años y estaría presidida por el Poder Judicial e integrada por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Inpe. Este último se constituiría en su secretaría técnica y asumiría los costos por la instalación y monitoreo de los grilletes.

Los grilletes administrativos se otorgarían, de oficio o a pedido de parte, a los condenados a penas no mayores a cuatro años de privación de libertad efectiva, en régimen ordinario, con buena conducta e informes favorables de readaptación, excluyéndose a los reincidentes o a los que cometieron delitos violentos contra la vida, la integridad física, la libertad personal o sexual, la humanidad y la seguridad nacional, así como tráfico de drogas, terrorismo o hechos vinculados al crimen organizado.

Con esta ley, en el 2019 se beneficiarían con los grilletes administrativos 2,000 personas privadas de libertad en Lima y el Callao, cifra muy superior a las 25, a las que el Poder Judicial otorgó esta medida los dos últimos años, lo que contribuiría decididamente a reducir los altos niveles de sobrepoblación carcelaria.