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APROXIMACIONES

Una hoja de ruta precisa contra las drogas

14/5/2019


Alejandro Vassilaqui

Director Ejecutivo de CEDRO




Hace ya siglos que el consumo de sustancias psicoactivas ha dejado de circunscribirse a rituales religiosos y grupos reducidos para convertirse en un acto de escape que parece experimentar un porcentaje significativo de seres humanos y que tiene, incluso, características catárticas, produciendo, a su vez, serios daños en la salud individual.

Hace mucho tiempo también que el consumo pasó de ser una decisión de un sector adulto para ingresar, cada vez más, a la población joven, aún adolescente, e instalarse como parte de la vida diaria en un porcentaje cada vez mayor de ciudadanos. Lo revelan los estudios epidemiológicos que arrojan en el Perú un aproximado de un millón y medio de personas que han probado alguna vez drogas ilegales y un estimado de 150,000 adictos.

Y es evidente que el narcotráfico se ha convertido en una “exitosa” transnacional que pasa por encima de cualquier valor ético para centrarse solo en lo crematístico, sin consideración alguna por la vida de las personas, a las que visualiza exclusivamente como potenciales consumidores. Por ello, la captación de adolescentes en el consumo es una “estrategia de marketing”: si el menor se inicia temprano, será probablemente un cliente “de más largo aliento”.

Se afirma en algunos círculos que en última instancia la decisión de consumir sustancias es personal. Sin embargo, la intervención del Estado es fundamental para que las decisiones que tome la ciudadanía sean de la mejor calidad y se basen en los principios éticos del bienestar personal y el bien común.

Por ello, las políticas y acciones firmes desde el Estado se dirigen a hacer cumplir las normas para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a aquellos de mayor vulnerabilidad –niños y jóvenes–. Cuidarlos, velar por sus derechos, es atacar la disponibilidad de sustancias desde su producción, así como dotarlos, mediante una formación adecuada, de herramientas para una vida en equilibrio, incluyendo alternativas laborales lícitas.

Es evidente que sobre todo el consumo de drogas cocaínicas incrementa la inseguridad. La rápida dependencia que genera va asociada con violencia y criminalidad y estas son experimentadas por los propios consumidores y sus familias, que también se convierten en víctimas en este círculo perverso que no acaba en ellos, sino que afecta también al ciudadano de la calle que sufre de agresiones por parte de consumidores psicopatizados. Más aún, el narcotráfico atenta contra la seguridad nacional, ya que está en alianza con el terrorismo que busca que parte del país viva una condición de “Estado liberado de facto”.

Obviamente el problema no es de represión, tampoco es suficiente decir no a la droga. No se trata únicamente de voluntades. Lo que se requiere es profundizar los programas de desarrollo sostenible junto con una formación ética y un cambio cultural, que es lo que la propia población reclama. Es un trabajo que debe promover la vida lícita y estilos de vida saludables para todos, sin excepción. Ello requiere una hoja de ruta precisa que todos debemos tomar como guía para coadyuvar en los esfuerzos del Estado.