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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
JUEVES 17

de octubre de 2019

EDITORIAL

Una justicia más eficiente

Estamos pues frente a decisiones destinadas no solo a viabilizar los cambios que la ciudadanía demanda para tener un sistema de justicia honesto y eficiente, sino que también darán viabilidad y sostenibilidad al cambio.

17/6/2019


La reforma y modernización de la administración de nuestra justicia viene dando pasos importantes y necesarios para la gobernabilidad del país. La presidencia del Poder Judicial dispuso días atrás la conformación de siete equipos de trabajo para que elaboren líneas rectoras y propuestas de políticas públicas sobre diferentes temas en materia de justicia.

Decisión relevante porque se da en cumplimiento de las obligaciones correspondientes a este poder del Estado en el ámbito de la Ley Nº 30942, que tal como fue impulsada por el Poder Ejecutivo, dispuso la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia destinado a promover así como coordinar los esfuerzos, hacer seguimiento y reportar públicamente los resultados de las decisiones, políticas públicas y acciones inmediatas adoptadas o por adoptarse en el ámbito de la reforma del sistema de justicia.

Es decir, impulsar el siempre esperado cambio mediante la formulación de criterios para la elaboración de la política nacional y la coordinación para la ejecución de las políticas a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia; así como por el seguimiento y el control de la implementación y la ejecución de los respectivos procesos de reforma.

En efecto, mediante la Resolución Administrativa N° 328-2019-P-PJ, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, los equipos de trabajo, divididos en siete ejes temáticos, a cargo de jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, corresponderán a la Independencia e imparcialidad judicial, Selección y nombramiento de jueces, Formación y capacitación, Sistemas disciplinarios, Interoperabilidad y Acceso a la justicia y carga procesal.

También el tema de Sostenibilidad económica y presupuesto, cuyo grupo, según la norma, también estará integrado por la gerencia general del Poder Judicial y sus áreas técnicas especializadas, sin perjuicio de que brinden apoyo a los demás equipos de trabajo. Todos estos equipos tienen 30 días calendario para remitir a la presidencia del Poder Judicial las propuestas de política pública de su competencia.

Lo importante es que la norma, además, faculta a los grupos de trabajo a convocar a los jueces supremos provisionales y de otras instancias, así como investigadores, académicos y expertos en materia de justicia, para que brinden apoyo especializado, sin que ello implique gasto adicional al presupuesto de este poder del Estado.

Estamos pues frente a decisiones destinadas no solo a viabilizar los cambios que la ciudadanía demanda para tener un sistema de justicia honesto y eficiente, sino que también darán viabilidad y sostenibilidad al cambio; y claro está a la marcha de este importante Consejo conformado, además, por los titulares del Poder Ejecutivo, del Congreso de la República, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo.