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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
SÁBADO 19

de octubre de 2019

APROXIMACIONES

Barreras para ejecutar proyectos en el Estado

1/7/2019


Anthony Moreno Reaño

Profesor de la Escuela de Posgrado Universidad Continental

¿Qué hace que una entidad pública ejecute más que otra su presupuesto de inversión? Es una pregunta vigente y supone respuestas urgentes. Al respecto, abundan publicaciones de “rankings” de ejecución (porcentaje del presupuesto gastado versus el asignado), acompañados de comentarios más bien generales. Estas publicaciones resaltan el “qué” y, sin embargo, lo que urge es poner en agenda el “cómo” (causas y fuentes).

Al respecto, queremos aportar algunas ideas más específicas. Señalar que, por ejemplo, para la mayoría de los proyectos de baja y mediana envergadura, los problemas recurrentes de ejecución se pueden agrupar en tres fuentes: de administración interna, de administración externa y de gestión del terreno.

Respecto a las fuentes de administración interna, la primera a considerar es una (mala) programación presupuestal del año anterior que asigna a un proyecto más presupuesto del que realmente puede gastar y que, dependiendo del tipo de financiamiento (recursos ordinarios, deuda, canon, etcétera) podrá ser transferido o no a un proyecto deficitario; luego, tenemos la poca capacidad para elaborar requerimientos (no se ejecuta lo que no se solicita adecuadamente); a continuación viene la capacidad de concretar contratos (algunas entidades pueden adjudicar una licitación pública en tres meses, otras en más de un año). Firmado el contrato, amengua la parte administrativa y toma relevancia el mismísimo proceso de concretar una obra y la capacidad de gerenciar el cambio (las modificaciones).

En este momento, suele ser fuente de problemas la baja calidad de los expedientes técnicos. La capacidad de la entidad para implementar mecanismos de mejora de tales documentos –en plena ejecución contractual– se torna clave.

En el ámbito externo, tenemos que saber lidiar oportunamente con las licencias, permisos, autorizaciones y demás títulos habilitantes necesarios para obtener una oportuna aprobación o ejecución del proyecto.

Por otro lado, el activo terreno es, por su complejidad y particularidad legal, en sí mismo, una fuente de riesgo que debe ser gestionada. Desde su disponibilidad hasta el saneamiento físico legal del mismo o incluso posibles expropiaciones. Aquí tenemos la tercera potencial fuente de problemas de no ejecución.

Finalmente, existen otras causas más estructurales, como la capacidad del talento humano o la de un control gubernamental potencialmente mal entendido que paralice al funcionario. O la licencia social (como ha sucedido en proyectos de gran envergadura).

Implementar un mecanismo de seguimiento que identifique, monitoree y coadyuve a resolver “cuellos de botella” gatillados por las fuentes antes señaladas no es una opción, es una necesidad impostergable para las entidades que quieran ejecutar proyectos.