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Más tolerancia y menos discriminación

Ambas normas, aprobadas por la autoridad laboral, expresan la preocupación del Gobierno por la atención y salud de las personas más vulnerables del país.

8/7/2019


En observancia de la responsabilidad por proteger y garantizar la inclusión social y laboral en favor de las personas con discapacidad, conforme al mandato constitucional, el Poder Ejecutivo publicó días atrás dos importantes disposiciones destinadas a eliminar todas las restricciones que puedan impedir el pleno ejercicio de estos derechos en el país.

Se trata del D. S. Nº 009-2019-TR que desarrolla el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad; y, la R. M. Nº 171-2019-TR que establece los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad, en el proceso de selección y en el lugar de trabajo, y los criterios para determinar una carga proporcionada e indebida, aplicable al sector privado.

Ambas normas, elaboradas y publicadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), expresan la preocupación del Gobierno por la atención y salud de las personas más vulnerables del país y la conciliación de la vida laboral con el cuidado de personas con discapacidad.

La primera, de esa forma, desarrolla el derecho del trabajador, madre, padre, tutor o apoyo de la persona con discapacidad, de poder tener una licencia con goce de haber para la asistencia médica o terapia de rehabilitación, hasta por 56 horas consecutivas o alternas anualmente, y que en caso se requieran horas adicionales, las licencias se compensan con horas extraordinarias de labores, previo acuerdo con el empleador.

La necesidad de reconocer el derecho de los trabajadores a cumplir con sus responsabilidades familiares está amparada en el Convenio 156 de la OIT suscrito y ratificado por el Perú, el cual establece que se debe permitir que las personas con responsabilidades familiares ejerzan su derecho sin discriminación y en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.

Mientras que la segunda regula las acciones específicas que las entidades públicas y las empresas privadas deben considerar en los procesos de selección de recursos humanos tales como la adecuación de las metodologías, procedimientos, instrumentos de evaluación y métodos de entrevistas, a fin de atender las necesidades y requerimientos específicos de todas las personas con discapacidad.

Esta normativa se hace más que urgente si observamos una reciente encuesta especializada en discapacidad del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en que da cuenta de que solo el 19% de las personas con discapacidad que tienen más de 14 años, trabajan; el 3% son desempleados; y el 78% restante es inactivo. Mientras que, respecto a los ingresos, quienes trabajan, el 44% recibe menos del ingreso mínimo; el 23% entre 750 y 1,199 soles; y, el 29%, 1,200 soles o más. Es decir, de las personas con discapacidad que trabajan, el 67% recibe sueldos menores a 1,200 soles.

En conclusión, velar por la inclusión efectiva y eficiente de este grupo de peruanos es una responsabilidad de todos. Del Estado para reducir las desventajas estructurales a las que se enfrentan las personas con discapacidad, mediante políticas públicas orientadas en un régimen legal de protección; y, de la actividad privada, para comprender de una vez que la contratación de personas con discapacidad es productivo y mejora las relaciones laborales entre los trabajadores, no solo por constituir referente de buenas prácticas, sino también porque sensibiliza a todo el personal de la compañía, lo que fomenta valores como la tolerancia y la no discriminación.