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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
SÁBADO 19

de octubre de 2019

PODER JUDICIAL PRESENTA PROPUESTA LEGISLATIVA

Proponen cambios en la ley de ejecución coactiva

Sala Plena de la Corte Suprema pretende racionalizar carga procesal.

9/7/2019


El Poder Judicial (PJ) planteó al Congreso de la República la modificación de las normas relativas a la revisión judicial de los procedimientos de ejecución coactiva.

Se trata del Proyecto de Ley N° 4522/2018-PJ que modifica el artículo 23 y el numeral 2 del artículo 33-B de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva con el propósito racionalizar la distribución de la carga procesal que innecesariamente afronta la Corte Suprema para preservar su carácter uniformizador y nomofiláctico.

Lineamientos

A criterio de la Sala Plena de la Corte Suprema, en los procesos de revisión judicial de los procedimientos de ejecución coactiva solo se controla que estos procedimientos se hayan llevado a cabo respetando las garantías que prevé la ley, sin hacer un análisis de fondo de las controversias.

Por tanto, considera que la mayoría de estos procesos se resuelven verificando que las partes hayan sido válidamente notificadas, lo que implica un cumplimiento de formalidades.

Ante ello, advierte que no resulta razonable que los procesos de revisión judicial de los procedimientos de ejecución coactiva sean de conocimiento de la Corte Suprema como segunda instancia, pues la función de mera fiscalización formal de aquellos procedimientos administrativos, sobrecarga la labor del supremo tribunal e impide que los procesos trascendentes y de plena jurisdicción se puedan resolver en plazos más cortos.

Propone, entonces, que las demandas de revisión judicial de los procedimientos de ejecución coactiva sean interpuestas ante juez especializado en lo Contencioso Administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces y ya no ante la corte superior correspondiente, para que esta última asuma en apelación estos casos en segunda instancia definitiva y ya no puedan ser puestos a conocimiento de la Corte Suprema mediante recurso de casación.

Así, la aprobación de esta iniciativa legislativa permitiría que el supremo tribunal resuelva con mayor celeridad los procesos que, por su complejidad y relevancia, conoce, observando su deber de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del derecho objetivo y la unificación de los criterios jurisprudenciales.

Con ello la Sala Plena de la Corte Suprema considera que este colegiado podrá brindar un servicio judicial más adecuado y oportuno a la ciudadanía.

Intervención en recaudación

Según el proyecto de ley, si la medida cautelar dictada en el procedimiento de ejecución coactiva es de intervención en recaudación, el tercero interventor consignaría los fondos recaudados en un depósito a nombre de la entidad en el Banco de la Nación. Estos fondos quedarían retenidos y solo podrían entregarse después de culminado el procedimiento o luego de que la sala superior pertinente o el órgano que haga sus veces, se haya pronunciado sobre la legalidad del embargo resolviendo el recurso de revisión judicial cuando este se haya interpuesto.