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Año de la Universalización de la Salud
VIERNES 7

de agosto de 2020

Editorial: La salud bajo análisis

“[...] la reforma de la salud tiene que ser una política de Estado de obligado cumplimiento sin importar quien ocupe temporalmente el Poder Ejecutivo. Esa estrategia ha dado resultados en otros sectores [...]”.

18/6/2020


La pandemia del nuevo coronavirus ha expuesto las debilidades del sistema de sanidad público y la necesidad de emprender una reforma que optimice su funcionamiento como uno de los principales temas de discusión, a fin de que se responda con eficiencia a la tarea de atender la salud de los millones de peruanos, especialmente de la gran mayoría, que carece de recursos para acceder a los seguros privados.

Ya antes de la crisis sanitaria era conocido que la salud pública no funciona bien. El covid-19 ha confirmado la falta de infraestructura adecuada, de personal, de logística, de insumos médicos, de acceso a medicamentos, de equipamiento, entre otros males. En suma, una serie de deficiencias que parecen las partes de un problema estructural mayor.

Arreglar esto será una tarea de largo plazo que superará el período constitucional de un solo gobierno. Por lo tanto, la reforma de la salud tiene que ser una política de Estado de obligado cumplimiento sin importar quien conduzca el Poder Ejecutivo. Esa estrategia ha dado resultados en otros sectores. Por ejemplo, nuestra política económica es elogiada por su responsabilidad, predictibilidad y sostenibilidad, y ha sido señalada como uno de los factores del crecimiento de los últimos años y de que el actual Gobierno cuente con un margen fiscal holgado para afrontar al covid-19. De igual modo, la educación parece enrumbarse en el mismo sentido, aunque en ese ámbito aún queda mucho camino por andar.

En consecuencia, en la salud no queda más opción que afrontar una tarea de largo plazo. Ya hace más de 20 años los firmantes del Acuerdo Nacional tenían esta perspectiva y se comprometieron a trabajar por un acceso universal gratuito y de calidad, así como por el aumento progresivo del presupuesto. Es necesario reeditar ese compromiso y asegurar que quienes aspiran a gobernar el país lo honren.

Si bien ese presupuesto se ha incrementado en los últimos años, aún es insuficiente. El Perú dedica menos porcentaje del producto bruto interno (PBI) a la salud (alrededor del 3%) en comparación con otros países de América Latina. La Organización Mundial de la Salud recomienda asignar al menos el 6% del PBI. Estamos lejos todavía, pero hay que seguir avanzando, aunque sería un error considerar que el origen del problema sea solo el dinero. Urge atender inconvenientes más estructurales; estudiar, por ejemplo, si la división institucional entre entidades pertenecientes al Ministerio de Salud y a Essalud no contribuye a un servicio eficiente.

Es positivo, entre tanto, que el Gobierno se haya comprometido a impulsar la universalización y a darle prioridad al sector en el presupuesto del próximo año, además de fortalecer la atención sanitaria en el nivel primario. Esto último es una estrategia atinada dado que naciones con sistemas más desarrollados cuentan con un nivel básico equipado y eficiente que libera a la población de acudir a los grandes hospitales, lo cual no ocurre en nuestro país.

Asimismo, el pleno del Congreso aprobó hace poco la ley que declara en emergencia el sistema de salud y plantea invertir el 8% del PBI en un plazo de tres años. Esa norma, como es prudente, la analiza el Ejecutivo a fin de fijar una posición.

Optimizar la salud, qué duda cabe, será un logro histórico que atenderá un antiguo clamor de nuestro pueblo.