La estabilidad de las reglas jurídicas influye en las decisiones de inversión.
El Perú compite permanentemente con otros países de la región por atraer inversión extranjera. Y en esa competencia no basta ofrecer recursos naturales, ubicación estratégica o buenas oportunidades de negocio. Existe un factor todavía más importante: la confianza en que las reglas se respetan y los contratos se cumplen.
Desde la Federación de Cámaras Binacionales del Perú en el Exterior, que reúne a instituciones cuya labor está directamente vinculada con la promoción de relaciones comerciales, empresariales y de inversión entre el Perú y distintos países del mundo, observamos con especial atención cualquier situación que pueda afectar esa confianza. Quienes promovemos al Perú frente a empresarios extranjeros sabemos que una de las primeras preguntas antes de decidir una inversión es siempre la misma: ¿existe seguridad jurídica y se respetarán los compromisos asumidos?
Uno de los pilares que permitió al Perú construir esa confianza durante las últimas décadas fue precisamente la seguridad jurídica y la protección constitucional de los contratos (la “santidad de los contratos”. Para cualquier inversionista extranjero, decidir por el Perú frente a otros destinos supone comprometer capital, asumir riesgos y desarrollar proyectos bajo determinadas condiciones jurídicas que razonablemente espera sean respetadas.
Naturalmente, el Estado peruano mantiene plena soberanía para adoptar decisiones vinculadas con la Seguridad y Defensa Nacional. Nadie puede discutir una atribución de esa naturaleza. Pero precisamente por su enorme trascendencia, invocar la Seguridad Nacional para afectar un contrato vigente exige el mayor nivel de rigurosidad, transparencia y sustento técnico. Debe existir evidencia objetiva que permita comprender la necesidad de la decisión y su relación directa con el interés público que se pretende proteger.
El reciente conflicto relacionado con un proyecto eólico desarrollado por una empresa de capital extranjero y terrenos de la Fuerza Aérea del Perú merece ser observado también desde esta perspectiva. No nos corresponde anticipar quién tiene jurídicamente la razón. Sí nos corresponde advertir, desde las cámaras binacionales, sobre la importancia de las señales que transmitimos hacia el exterior.
Porque el problema trasciende a una empresa determinada. ¿Qué percibirá un inversionista extranjero si considera que un contrato celebrado con el propio Estado puede dejarse sin efecto invocando razones extraordinarias que no aparecen acompañadas de un sustento técnico suficientemente claro y contrastable? ¿Y qué ocurriría si situaciones semejantes dejaran de ser excepcionales?
La respuesta es sencilla: el capital buscará otros destinos. En América Latina existen numerosos países compitiendo por las mismas inversiones que el Perú necesita para generar infraestructura, energía, tecnología y fundamentalmente empleo! .
Por ello, desde la Federación de Cámaras Binacionales del Perú en el Exterior consideramos fundamental preservar la seguridad jurídica como una verdadera política de Estado. Defender la Seguridad Nacional y defender la santidad de los contratos no son objetivos incompatibles. Un Estado institucionalmente sólido debe ser capaz de garantizar ambos.
Cuando circunstancias excepcionales obliguen al Estado a revisar compromisos previamente asumidos, esas decisiones deben encontrarse sólidamente sustentadas, ser proporcionales y demostrar objetivamente su necesidad.
La confianza internacional demora décadas en construirse y muy poco en perderse. En un mundo donde las inversiones pueden escoger su destino, preservar la seguridad jurídica no significa solamente proteger un contrato: significa proteger la credibilidad del Perú.
