La factura electrónica se ha convertido en un instrumento fundamental para que las mypes puedan obtener liquidez.
Las cuatro comisiones comparten, sin decirlo explícitamente, un mismo denominador: el capital de trabajo. Una empresa no formaliza planilla porque carece de caja, no invierte porque carece de caja y no paga impuestos con normalidad porque tampoco la posee.
Ese desfase entre el momento en que se factura y el momento en que efectivamente se cobra —30, 60 o 90 días, mientras las obligaciones corren cada mes— explica buena parte de la informalidad que el Estado intenta resolver con instrumentos regulatorios distintos y, hasta ahora, poco coordinados entre sí.
Confianza
El contexto macroeconómico no es un dato menor en esta discusión. Los indicadores adelantados que suelen anticipar el pulso de la inversión, el consumo y la actividad económica muestran señales de mejora, y las expectativas empresariales reflejan una confianza algo más sólida para el corto plazo. Ese entorno favorece particularmente a un producto financiero cuyo apalancamiento depende de que las empresas pagadoras mantengan capacidad de compra y ritmo de pedidos: cuanto más dinámica es la actividad económica, mayor es el volumen de facturas susceptibles de negociarse y menor el riesgo de impago.
El factoring no opera al margen del ciclo macroeconómico; lo amplifica en beneficio del capital de trabajo disponible para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
"Si logramos que más empresas facturen y declaren impuestos, y que se introduzcan en el mercado financiero, dejaremos de preocuparnos por la evasión tributaria, las facturas falsas y la falta de formalización de trabajadores", sostiene la vicepresidenta de la Asociación de Empresas de Factoring del Perú (Aprofin), María García-Godos,
Resume así el mecanismo que su sector perfecciona desde hace más de una década, y las cifras respaldan la afirmación.
El mercado negoció 52,000 millones de soles en facturas durante 2025, y ya superaba los 22,000 millones a mayo de este año, con un acumulado de 57,105 millones de soles entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según cifras de la institución de compensación y liquidación de valores (Cavali) y el Ministerio de la Producción (Produce).
El sector proyecta un crecimiento de entre 15% y 20% al cierre de 2026, un patrón de doble dígito sostenido desde que la banca ingresó con fuerza al segmento hace dos años.
El factoring ya demostró en el Perú que puede ser un aliado eficaz de esa formalización, con una bajísima morosidad y un crecimiento sostenido a doble dígito. Esa combinación de escala y bajo riesgo debería bastar para que dejara de tratarse como un producto de nicho.
Fondo
La también fundadora de Adelanta Factoring destaca que el Fondo Crecer, administrado por el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), ilustra el potencial y los límites del diseño actual.
Su cobertura llega actualmente al 50% o, como máximo, al 75% del riesgo, y solo un grupo reducido de las cerca de 120 empresas de factoring que operan en el país ha logrado completar la acreditación.
García-Godos plantea elevar esa cobertura al 90% para todos los casos y reducir la comisión actual, de entre 1.5% y anual, al 0.5% de la tasa efectiva anual (TEA), con el argumento de que durante la pandemia ese esquema ya funcionó con una morosidad mínima.
A esto se suma una segunda distorsión, quizás más costosa: la factura negociable nació hace diez años con la promesa de ejecución inmediata, pero en la práctica una medida cautelar puede demorar entre dos meses y varios años, lo que encarece el coste de oportunidad de financiar a pagadores distintos de los grandes corporativos.
Acortar ese plazo a cinco días mediante juzgados especializados, como se propone en la delegación de facultades, cambiaría el cálculo de riesgo de cualquier inversionista institucional.
Requisitos
Otro ajuste, más técnico pero igual de determinante, tiene que ver con los requisitos que actualmente excluyen a un pagador del programa por un protesto menor en centrales de riesgo, muchas veces originado en una disputa comercial de apenas 100 soles.
Limpiar ese historial es un proceso lento y burocrático, de modo que penalizar a una empresa entera por un incidente aislado castiga precisamente al segmento que el Fondo Crecer debería incluir.
En paralelo, Cavali lleva diez años cumpliendo funciones de verificación que en Colombia o Chile corresponden a la administración tributaria. Formalizar esa colaboración con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) multiplicaría la capacidad del Estado para detectar facturas de favor sin nueva carga administrativa para las mipymes que ya cumplen.
La brecha más reveladora está en el sector público, en el que el factoring del Estado representa apenas 2% de lo negociado, pese a que cerca de la mitad de los proyectos de inversión pública queda inconclusa, según informó anteriormente el propio Ejecutivo.
Ese vacío convierte a los proveedores mipymes en financistas involuntarios del Estado, sosteniendo con su propia caja obras que deberían pagarse en plazos razonables. Introducir a entidades como el INEI o Provías Nacional en el flujo de pagos, con cobertura pública o seguros privados, permitiría trasladar ese riesgo a quien tiene mayor capacidad de absorberlo.
Filtro
La evasión tributaria completa el círculo. Cada operación de factoring exige una factura electrónica verificable en la Sunat y en Cavali, lo que convierte a las empresas del sector en un filtro adicional de fehaciencia operativa.
Profundizar ese cruce de información, incluyendo el intercambio con la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), permitiría distinguir a la mipyme que solo carece de historial crediticio de la que emite comprobantes sin sustento, plantea la Aprofin.
Ninguna de estas piezas funciona aislada. La proyección de superar las 250,000 mipymes atendidas hacia 2028, partiendo de una penetración que hoy equivale al 4.4% del producto bruto interno (PBI) y que el sector aspira a duplicar hacia 2030, no depende de un salto tecnológico ni de capital extranjero dispuesto a invertir en un producto con una morosidad menor al 1%.
Depende de que las comisiones traduzcan los diagnósticos en ajustes normativos: cobertura, plazos y acceso a la información. El factoring no necesita ser descubierto por la política; requiere dejar de operar con una mano atada mientras la otra sostiene parte de la formalización que el país todavía persigue.
Formalización de las ventas
De acuerdo con el INEI, la informalidad laboral alcanzó 69.8% de la población ocupada entre abril de 2025 y marzo de 2026, pero atacar ese número por el lado de la planilla suele fallar porque invierte el orden real del problema.
La vicepresidenta de Aprofin plantea que contratar formalmente a un trabajador se vuelve oneroso cuando la empresa carece de liquidez, y esa falta de liquidez nace, casi siempre, de ventas que jamás se facturan. Es un círculo vicioso que se retroalimenta silenciosamente cada mes calendario.
Romperlo exige empezar por otro extremo. García-Godos plantea formalizar primero las ventas, algo que el factoring facilita al exigir sustento tributario verificable para cada operación negociada.
Con un historial de facturación consolidado, la mipyme accede a financiamiento en condiciones razonables y deja de depender de tasas altísimas, y solo entonces la formalización de planillas deja de representar un riesgo financiero para convertirse en una decisión natural del negocio, no en un sacrificio impuesto desde afuera por decreto administrativo.
