Opinión
Presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, profesor universitario
La tesis principal de que existan los estudios generales es que contribuyen a la formación integral. Desde que visionariamente la planteó Augusto Salazar Bondy, en los años 60, se subrayaba la necesidad de un estadio que vincule la esencia humanista de toda vida universitaria y, a la vez, acorte las brechas académicas respecto a la etapa secundaria. Este proyecto iba a ser establecido en la Universidad de San Marcos, pero, una vez más, se convirtió en promesa y posibilidad. Años después, obligado por la nueva Ley Universitaria, se instala en las diversas universidades peruanas con variados resultados, aunque habían incipientes antecedentes de desarrollo en algunas instituciones.
Pero se convirtió en forzosa considerando que todos los estudiantes ingresantes requieren ejercitar y consolidar nuevas competencias. La Ley Universitaria exigió un margen mínimo. Por ello, hay universidades que llegan, incluso con pesadumbre, a esos 35 créditos solicitados y otras, más bien, lo llevan más allá, alcanzando dos años de formación en ese nivel. Las orientaciones de las propias instituciones tienen autonomía en ello. El supuesto es que los estudiantes tengan las competencias suficientes para que su profesionalización se maximice. Es justamente ese margen de independencia permitido que marca la diferencia de los resultados finales en los estudiantes.
Con una posición palmariamente tecnocrática se considera que la formación general es una pérdida de tiempo, ya que reduce su pronta inserción laboral; ven en esta estrategia formativa un desliz o hasta un error. Sostienen que la colocación laboral es una urgencia y cuanto más se demore un estudiante en esa etapa, se ralentiza llegar a sus objetivos. Esta posición es injustificable tanto académica como moralmente. Cuesta entender que un alumno, sea cual fuere su profesión en ciernes, sin formación en aquello que consolide su conocimiento de la historia peruana, de los antecedentes culturales, del diálogo y el alturado disenso, de los niveles de corrupción que tanto nos agobian, del racismo estructural, de la memoria intercultural de la que estamos compuestos, de un análisis inteligente para estar al corriente de nuestras tendencias autoritarias y mesiánicas, sea un buen ciudadano y un correcto profesional a la vez.
Es decir, aquellas universidades que no se preocupan en consolidar y fomentar intensamente la educación en ciudadanía son cómplices de los vicios colectivos que nos abruman como país. Las universidades no son una fábrica de profesionales, aunque es asumido, por algunos, como una maquinaria serial de producción de egresados con un mismo modo de pensar y sentir. Por ello, los cursos generales son vitales para reducir los sesgos con los cuales llegamos a la universidad. Es la clave para que el pensamiento crítico y responsable se profundice.
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