Editorial
Por ubicarse en una zona intertropical, con la mayoría de microclimas del mundo, en medio del cinturón de Fuego del Pacífico, y con la presencia de la cordillera de los Andes, el anticiclón del Pacífico, la corriente de El Niño, entre otros, la nación peruana enfrenta constantes eventos naturales que la convierten en una zona compleja para implementar la gestión del riesgo de desastres.Los peruanos no olvidamos los desastres ocasionados por el Fenómeno El Niño en 1982 y 1997, que destruyó gran parte de la infraestructura en diversos puntos del país, el último terremoto de marcada intensidad que asoló la ciudad de Pisco en el 2007, los huaicos que bloquean carreteras, las inundaciones en tierras bajas de la costa y la selva, las temporadas de frío en la sierra sur. Son acontecimientos naturales de comportamiento imprevisible, pero cuyos riesgos bien pueden ser gestionados.
En respuesta a esta necesidad, el Gobierno impulsa esta política en el marco de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, además de desarrollar lineamientos y normas complementarias para el cumplimiento de estos. El objetivo es integrar los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción con el establecimiento de líneas estratégicas, acciones y protocolos.
Por tratarse de una labor compleja, esta responsabilidad es intersectorial y transversal, en la que participan el Poder Ejecutivo, por medio de los ministerios, el Instituto Nacional de Defensa Civil, los gobiernos regionales, los concejos y la sociedad civil organizada. De faltar alguno de estos componentes, se enfrenta la posibilidad de obtener resultados poco óptimos en la amortiguación de estos eventos naturales.
Eso obliga también a que los instrumentos de planificación sectorial y territorial en materia de gestión del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno se enmarquen con esta política pública, cuyo monitoreo, seguimiento y evaluación se encuentra bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.
La idea final es fomentar permanentemente la cultura de prevención y el incremento de la capacidad de respuesta, con el fin de prepararse y recuperarse de las emergencias naturales. De esa manera, el Estado busca consolidar una sociedad segura y resiliente ante esta clase de riesgos.