Política
Se trata del D. S. N° 063-2021-PCM, del Reglamento de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), el cual permitirá medir y evaluar sistemáticamente los impactos, costos y beneficios de los proyectos normativos de alcance nacional propuestos desde el Poder Ejecutivo.
Con ello, el Ejecutivo dio un paso trascendental en la reforma regulatoria orientada a lograr un Estado moderno que genere confianza y un mejor servicio a la población.
Implementación
La mencionada norma fue publicada ayer en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y establece que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba el Plan de Implementación Progresiva de ese reglamento.
El documento se aplicará en las entidades del Poder Ejecutivo; primero, en una fase piloto; y a partir del segundo semestre del 2022, de manera obligatoria. Por medio del reglamento se cambia la actual práctica regulatoria, que genera espacios potenciales de corrupción, hacia regulaciones claras, entendibles, coherentes que incrementen los espacios de integridad en la administración pública, en la economía y en la sociedad.
Se informó que con la norma se elimina la práctica de implementación de regulaciones discrecionales, por lo general prescriptivas y mal diseñadas, hacia una situación de análisis e identificación del problema público que permitan la toma de decisiones basadas en evidencia y en innovación. De ese modo, afirman, se moderniza el Estado con un enfoque transparente, de rendición de cuentas y fomentando la predictibilidad, la participación proactiva de los ciudadanos y los grupos de interés de la economía y sociedad, mediante la agenda temprana y por medio de la consulta pública.
Cultura regulatoria
Ante la actual coyuntura sanitaria mundial y considerándose imperativo promover la competitividad económica, el Reglamento de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) permite girar hacia una gestión regulatoria de calidad.
Para tal efecto, se orienta a incrementar la competitividad y las oportunidades económicas del Perú, reduciendo las cargas administrativas y burocráticas a las empresas, y propiciando una práctica y cultura regulatoria anticipativa y proporcional, y asertiva.