Opinión
Gerente de Acceso a Innovación y Políticas Públicas de ALAFARPE
En lo que respecta a las deficiencias presupuestarias basta con leer en las noticias la escasez de camas UCI o compararnos con países de la OCDE en indicadores, como el número de camas hospitalarias por mil habitantes (1.6 versus 4.7), el número de médicos por mil habitantes (1.3 versus 3.3), o el gasto en salud como porcentaje del PBI (5.3% versus 8.8%).
En cuanto a las deficiencias en los procesos, pareciera que el problema es menos evidente. Sin embargo, la problemática podría ser aún más grave, ya que no se resuelve con más recursos, como ocurrió en el caso de las vacunas. Un indicador que refleja esto es el bajo porcentaje de ejecución de compra de medicamentos del 2013 al 2018, aproximadamente solo un 80%. Con mejores procesos se hubiera podido actuar más ágilmente en la compra de las vacunas, que pudo haber demorado incluso más sin la presión mediática.
Pero ¿qué sucede con los otros tratamientos que no tienen esa presión mediática? Para que un asegurado en el sector público acceda a un tratamiento se requiere seguir básicamente 3 procesos. Proceso de registro (registro sanitario), de acceso (inclusión del medicamento en el listado de compras del gobierno) y de compra. La adquisición de vacunas ha evidenciado solamente los problemas en este último, ya que se dieron leyes especiales para los procesos de registro y acceso. Esto contrasta con los tratamientos no covid, que no cuentan con presión mediática ni reglamentación especial.
¿No es momento también de que el foco se ponga en los procesos de adquisición de medicamentos en general y no solamente en las vacunas? Como consecuencia de procesos inadecuados, accedemos a medicamentos muy antiguos (inclusive en casos extremos hay que esperar hasta 18 años para acceder a un medicamento innovador que puede salvar la vida de los pacientes). Respecto a los procesos de registro y acceso, se necesitan mecanismos más ágiles y predecibles por parte del Minsa.
En cuanto a los procesos de compra, se requiere una modernización de la Ley de Contrataciones del Estado para implementar modelos que funcionan con éxito en países como Uruguay. Uno de ellos es el pago por resultados, en el que el privado comparte el riesgo con el Estado en función de la efectividad del tratamiento innovador. Este esquema pudo inclusive servir como herramienta de negociación para adquisición de vacunas.
Pensemos no solo en acceder a vacunas para el covid-19, sino también a los mejores tratamientos para todas las enfermedades mediante mejoras en los procesos. Es momento de poner el foco en el sector salud, más allá del covid-19.
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