• SÁBADO 21
  • de marzo de 2026

Derecho

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Publican proyecto de decreto supremo

Gestión ecoeficiente en el Estado será una prioridad

Ministerio del Ambiente somete a debate público propuesta de disposiciones para la gestión de la ecoeficiencia.


Editor
Paul Herrera Guerra

Periodista

pherrera@editoraperu.com.pe


Para tal efecto, el Ministerio del Ambiente (Minam) sometió a debate público el proyecto de decreto supremo que aprueba las ‘Disposiciones para la gestión de la ecoeficiencia en las entidades de la administración pública’, cuya publicación en su portal institucional fue dispuesta mediante la Resolución Ministerial N° 072-2021-Minam.

Finalidad y acciones

La propuesta reglamentaria busca promover la gestión eficiente de los recursos y lograr la sostenibilidad y competitividad de las entidades de la administración pública, así como la internalización de la ecoeficiencia en la cultura institucional y práctica laboral de los servidores; de tal manera que se realice un gasto eficiente que aporte al incremento del bienestar social.

Según el artículo 7 del proyecto de decreto supremo, el Minam, haciendo uso del Registro Nacional de Ecoeficiencia (Renace) –integrante del Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia)– recopilaría y sistematizaría la información sobre el consumo de recursos y avances en la gestión de la ecoeficiencia en entidades públicas.

Sobre la base de dicha información, anualmente este portafolio elaboraría y publicaría, en su portal institucional, el informe anual de ecoeficiencia, el cual contendría información de los avances y logros de la gestión pública en dicha materia y el análisis de los resultados de desempeño, refiere el Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie Internacional en un reciente boletín electrónico de derecho público-administrativo.

Gestión

La gestión de la ecoeficiencia por parte de las entidades de administración pública se controlaría mediante el órgano de control institucional de cada entidad, como dependencia encargada de llevar a cabo las acciones de control interno para el cumplimiento de las disposiciones para la gestión de la ecoeficiencia, de conformidad con Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República la Ley (Nº 27785).

Y, a efectos de un cumplimiento efectivo de estas disposiciones, el Minam, en un plazo máximo de 120 días calendario a partir de la entrada en vigor del proyecto como decreto supremo, aprobaría la guía de ecoeficiencia para entidades públicas, detalla la citada firma legal.

Como parte de la implementación de medidas de gestión de la ecoeficiencia, cada entidad pública delegaría cargos y asignaría determinadas funciones internas.

Según el artículo 10 y la Primera Disposición Complementaria Final del proyecto de reglamento, dentro de un plazo de 50 días hábiles, contados a partir de la publicación del proyecto como decreto supremo, el titular de cada entidad tendría la obligación de designar a la autoridad de gestión administrativa, como responsable de la gestión de la ecoeficiencia en su entidad, advierte el informe legal.

Además, añade, existiría un comité de ecoeficiencia como órgano de la entidad –creado por disposición legal– que adoptaría las decisiones para el logro de las metas de la gestión de la ecoeficiencia.

Este comité estaría integrado por las unidades orgánicas involucradas y presidido por la oficina general de administración, que sería la responsable de coordinar y asegurar la conformación del comité, así como de supervisar el cumplimiento de sus funciones.

Se encargaría –principalmente– de la elaboración y control de cumplimiento del Plan de Ecoeficiencia Institucional; la evaluación y emisión de recomendaciones sobre directivas relativas a la gestión de la ecoeficiencia; y de la coordinación sobre la designación de promotores de ecoeficiencia de la entidad, detalla la mencionada consultora legal.

El artículo 12 del proyecto reglamentario define al promotor de ecoeficiencia como toda persona que independientemente del cargo que ocupe colabora proactivamente en la promoción de una cultura de ecoeficiencia.

Etapas

En ese contexto, las entidades públicas gestionarían las medidas de ecoeficiencia mediante tres etapas: planificación, implementación y monitoreo y seguimiento.

A criterio de la citada firma legal, en la etapa de planificación las medidas más relevantes serían la elaboración de la política y diagnóstico de ecoeficiencia, así como del plan de ecoeficiencia institucional y la directiva de ecoeficiencia. En tanto que en la etapa de implementación las medidas más resaltantes serían la ejecución de buenas prácticas para un uso eficiente de los recursos y la implementación de tecnologías limpias.

Se proponen finalmente como medidas relevantes en la etapa de monitoreo y seguimiento la actuación del comité de ecoeficiencia y el reporte de resultados al Minam.

Definiciones

El artículo 5 del proyecto de decreto supremo contiene un glosario de definiciones para la aplicación de las Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública. Entre ellas figuran las de compras públicas sostenibles, criterio de sostenibilidad y cultura de ecoeficiencia. Las compras públicas sostenibles serían el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos utilizando sus recursos de manera óptima durante toda su vida útil, de modo que se generen beneficios no solo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, minimizando al mismo tiempo los daños al ambiente. En tanto que el criterio de sostenibilidad es definido como una característica o requisito del bien o servicio relacionado con el desempeño ambiental, social o económico que busca eliminar, minimizar o controlar los efectos negativos en el ambiente y la sociedad, manteniendo la calidad del bien o servicio. Cultura ecoeficiente sería el conjunto de conocimientos, comportamientos, actitudes y experiencias que caracterizan a los miembros de una entidad, relacionados con el uso eficiente de los recursos e insumos que utilizan durante sus actividades, y el manejo adecuado de sus residuos sólidos. Se reflejaría en las prácticas laborales de los servidores públicos. 

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