Opinión
Presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, profesor universitario
Desde el 2014 a la fecha ha pasado suficiente para comenzar a ver los resultados de la aplicación de la Ley Universitaria 30220. ¿Ha logrado su objetivo de mejorar la calidad de la educación superior universitaria? Recordemos que el surgimiento de esa normativa, empujada intensamente por el Estado, tenía como supuesto objetivo, ante la caótica situación de las universidades, lograr su mejora.
Hubo mucha resistencia, tensos debates tanto teóricos como mediáticos sobre su naturaleza y justificación. Un escenario bélico donde se combinaban intereses políticos, empresariales y sociales. Para algunos, un modo inaceptable de intervenir en las organizaciones educativas y que se podría prestar a maniobras de control gubernamental que iban contra el principio histórico de la autonomía universitaria. Para otros, era urgente un ordenamiento y que empujaba normativamente la búsqueda de la calidad educativa, premiando a las que cumplen lo exigido y castigando a todas aquellas que carecen de ciertas condiciones básicas de calidad. En todos los casos, la implementación de la ley fue un punto de quiebre y que obligó a replantearse el mismo concepto de universidad.
El resultado es una radiografía de la vida universitaria peruana en la que se combina la informalidad existente, así como el cuestionamiento en la aplicación justa de las reglas. De las 144 instituciones que estuvieron en el período de medición, se concedió la licencia a 94 de ellas y a 50 se les negó su permanencia como tales. Es decir, a más de un tercio de lo que existía la Sunedu les dio una carta de defunción. Esto tiene un impacto social y económico impresionante. Aquí quien reguló la permanencia de los jugadores no fue el mercado, sino un marco legal dado por el Estado. Cerca de 200,000 estudiantes quedaron en una zona de incertidumbre, aunque hubo mecanismos de soporte, como la fusión de universidades o el traslado. Pero lo que demostraba la mortandad de estas entidades educativas es que estaban en el circuito académico por una anomia y distorsión de las propias reglas. Una vez más, quien pagó los platos rotos fue la población.
Algunas universidades tuvieron mejor capacidad de reacción, aprovechando más bien las nuevas reglas de juego para ocupar lugares expectantes. Al fin y al cabo es una despiadada competencia por conseguir fondos públicos o privados. Es decir, la ley fue asimilada a favor y convertida en un instrumento para tomar posiciones de ventaja en la captación de recursos. Las universidades asociativas y públicas aceleraron su mejoría, aunque solo las más antiguas permanecieron en sus posiciones habituales. Creemos que es momento de hacer un balance de una reforma de alto impacto, aunque inconclusa y perfectible, con aspectos positivos, pero también con grandes bemoles que hay que debatir.
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