Economía
El Pleno del Congreso aprobó ayer, en primera votación, la reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción, lo que permite que la entidad supervisora y la Contraloría General de la República tengan acceso directo al secreto bancario y la reserva tributaria.
Esta modificación constitucional requiere de una legislatura ordinaria más, que se podría llevar a cabo en julio.
Información
“Agilizará los procesos de investigación de la UIF, pues los casos de lavado de activos pasan por acopiar información, que en su mayoría está relacionada con el ámbito financiero”, dijo Espinoza.
Detalló que si una entidad financiera envía un reporte de operación sospechosa (ROS) de un cliente a la UIF, la entidad estatal puede analizar esa operación, pero no está facultada a pedir información, la cual está protegida con el secreto bancario.
“Por lo tanto, la UIF está obligada a trabajar con la información de quien hizo el ROS, lo cual es una limitante. En términos prácticos, a la hora de trabajar los casos, en la entidad técnica se usa información parcial”, añadió.
El funcionario recordó que en el grupo de decretos legislativos que autorizó el Congreso en el 2016 se aprobó un sistema de acceso de la UIF al secreto bancario y la reserva tributaria mediante un juez penal (de forma indirecta).
Esta medida lograda ese año constituye un avance pequeño en la materia, pues se puede pedir el acceso al secreto bancario y tributario al juez, pero para ello se necesita tener un caso construido y desarrollado, lo cual demanda cierta información, aseveró.
“Entonces, la aprobación de este cambio en la Constitución facilitará a la UIF el acceso directo a la información protegida por el secreto bancario y tributario”, recalcó.
“Se trata de una mejora fundamental [en la lucha contra el lavado de activos]”, agregó.
Reforma
El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Luis Valdez Farías, precisó que se eligió la modalidad de la reforma constitucional “porque evidentemente es la idónea y efectiva forma de limitar el ámbito de protección del derecho constitucional de la reserva, de la intimidad económica de determinadas personas”.
Mencionó asimismo que permite establecer quiénes pueden acceder a esta información sensible protegida por la Constitución.
Manifestó que la iniciativa es sólida para fortalecer la lucha frontal contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción en general.