Opinión
Jefa de la Carrera de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Los ecosistemas son el soporte para la vida de nuestro planeta. Producto de su adecuado funcionamiento, proveen bienes y servicios que benefician de manera directa o indirecta al ser humano. Entre los múltiples servicios que los ecosistemas nos proveen se incluyen purificación y abastecimiento de agua, calidad del aire, control de la erosión e inundaciones, fertilidad del suelo, regulación climática, aprovisionamiento de recursos, recreación, valores culturales y éticos.
Sin embargo, en las últimas décadas, estos servicios ecosistémicos han sido degradados significativamente. A escala global, se calcula que el 60% de los servicios de los ecosistemas se han degradado y el 40% de los bosques se han perdido en solo 50 años. Estos ecosistemas soportan una fuerte presión antrópica, asociada a procesos de explotación, colonización, fragmentación y extracción de recursos; en consecuencia, extensas áreas son degradadas y deforestadas anualmente.
Estas alteraciones de los ecosistemas se producen de manera sinérgica, inician con la pérdida de la cobertura vegetal, que impacta directamente en la fertilidad del suelo y en la provisión del agua. El resultado es que se generan graves problemas ambientales, como la pérdida del suelo, la disminución del almacenamiento de agua, la pérdida de biodiversidad, la reducción de la captación de carbono, entre otros. Estos eventos se relacionan directa o indirectamente con la pérdida del bienestar social y el sostenimiento de futuras generaciones.
Esta reducción en el flujo de la provisión de bienes y servicios ecosistémicos ocasiona importantes pérdidas económicas. Por ejemplo, en Etiopía se estima que en cuatro décadas las pérdidas económicas totales de la reducción en la provisión de servicios ecosistémicos oscilan entre 19.3 y 45.9 millones de dólares.
En el Perú, se calcula que la contribución económica de las áreas naturales protegidas bordea los 1,000 millones de dólares por año. Sin embargo, se evidencian vínculos débiles entre la valoración económica del cambio en la provisión de servicios ecosistémicos y la gestión política, y una subvaloración de los aportes de la recuperación de los ecosistemas como una inversión que genere beneficios ambientales, sociales y económicos.
En este contexto, conservar y recuperar áreas degradadas se vuelve una tarea vital para el mantenimiento de futuras generaciones. Para ello, es necesario impulsar actividades que equilibren la reposición de servicios ecosistémicos y conservar la biodiversidad, además de mantener las funciones productivas en beneficio de la agricultura y demás usos afines de la tierra. Este enfoque más holístico de la restauración del paisaje busca establecer uno que permita a los usuarios lograr compensaciones recíprocas entre intereses y beneficios sociales, culturales, económicos y ambientales.