Política
El pedido fue solicitado por el congresista Fernando Meléndez (APP), al ver que no se había alcanzado consenso para elegir algunos de los postulantes seleccionados por una comisión especial del Parlamento.
La representación nacional apoyó esta medida por 61 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones, por lo que la vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández, dio por suspendida la sesión.
Antes de adoptarse esta decisión, se había suspendido por una hora el pleno, luego del pedido de un cuarto intermedio del presidente de la comisión especial, Rolando Ruiz.
Votación
Previamente, se desestimaron las candidaturas de Fernando Calle, Aarón Oyarce y Carlos Hakansson para ser electos miembros del TC.
Calle obtuvo 6 votos a favor, 80 en contra y 8 abstenciones; Oyarce consiguió 71 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones; y Hakansson, 81 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones.
En los casos de Oyarce y de Hakansson, el congresista César Combina (APP) solicitó la reconsideración de la votación, pero luego de ser aceptada esta, tampoco consiguieron los votos necesarios para su elección.
Los postulantes deben lograr 87 votos para ser elegidos como magistrados del Tribunal Constitucional. Calle, Oyarce y Hakansson se ubicaban en el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente, del cuadro de mérito presentado por la comisión especial que selecciona a los candidatos al TC, de un total de 15 postulantes.
Respuesta
Al inicio de la sesión del miércoles, el pleno del Congreso aprobó continuar con la elección de los magistrados del TC y no acatar la resolución del Poder Judicial, que ordenó al Parlamento disponer la suspensión provisional de la elección.
De esa forma, la representación nacional con 87 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones ratificó el acuerdo adoptado un día antes por la Junta de Portavoces.
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, se dirigió a su escaño para sustentar su posición a favor de acatar la resolución del Poder Judicial, al señalar que el Poder Legislativo no está exento de control. En tal sentido, se ratificó en su defensa del fuero parlamentario, pero en estricto cumplimiento de las leyes.
Representantes del Partido Morado y del Frente Amplio no participaron de la elección por considerarla “ilegal”. La legisladora Rocío Silva-Santisteban respondió a las críticas de sus colegas que le pidieron retirarse de la sala. En su defensa, la parlamentaria argumentó que acataría lo dispuesto por el Poder Judicial.
El miércoles, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió ordenar al Congreso que disponga la suspensión provisional de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, programada para el 7 y 8 de julio del 2021.
“Conceder la medida cautelar solicitada por el demandante Walter Edison Ayala Gonzales; en consecuencia, se ordena al Congreso de la República que disponga la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, la cual fue programada para el 7 y 8 de julio del 2021 a las 9:00 horas, hasta que el presente proceso pueda resolverse mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto”, puntualiza la resolución del juzgado.
Investigación
Por disposición de la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), Mariem De la Rosa Bedriñana, un equipo contralor realizó en la víspera una visita extraordinaria al despacho de la jueza Amparo Soledad Blácido Báez, del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así lo dio a conocer la Ocma mediante sus redes sociales, en las que también mostró imágenes del ingreso de funcionarios al despacho de la jueza Amparo Soledad Blácido Báez.
El miércoles, la Ocma inició una investigación preliminar a la mencionada jueza debido a la admisión de la demanda de acción de amparo y medida cautelar en contra de la presidenta del Congreso de la República y otros.
La Ocma informó que, una vez recabada la información, los magistrados de control analizarán los insumos con la pertinencia del caso y dentro de sus prerrogativas constitucionales para los cuales están investidos; garantizando así el papel contralor en la administración de justicia.