Derecho
Periodista
pbuendia@editoraperu.com.pe
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) publicó el documento que se constituye en el instrumento marco de las políticas públicas en el tema y que orientará las acciones de los tres niveles de gobierno en intervenciones articuladas, con el fin de impulsar la reforma del sistema de justicia.
Atención
La política pública en materia de justicia tiene por finalidad la adopción de las medidas necesarias para que el sistema responda con eficiencia y de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía, precisa la propuesta. Al respecto, detalla, “se han definido nueve objetivos prioritarios y sus lineamientos, los cuales buscan atender este objetivo”.
“Es importante resaltar que la dinámica social, tal como se ha podido comprobar de la revisión de anteriores iniciativas de reforma del sistema de justicia, implica cambios en las necesidades de la justicia de la población”, recalca.
Así, precisa, mientras algunas medidas se deben mantener en el tiempo, otras tienen que adaptarse a nuevas circunstancias. Incluso, surgen nuevas necesidades que requieren de acciones diferenciadas, advierte el documento.
“De ahí que resulte importante abordar esta política, entendiendo que no se trata de un documento cerrado, sino sujeto a una constante evaluación, tanto de las instituciones como de la ciudadanía para su permanente mejora, que en un futuro puede adoptar nuevas acciones, lineamientos o incluso nuevos objetivos prioritarios”, recalca.
Como se mencionó en líneas anteriores, son nueve objetivos prioritarios: Impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad en el sistema de justicia; facilitar el acceso a la justicia de todas las personas; modernizar los procesos judiciales no penales; e innovar los procesos penales y el sistema penitenciario.
Se suman el fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia; mejorar el ejercicio y formación para la abogacía; fortalecer las políticas anticorrupción y el control disciplinario y ético; combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; y vigorizar la predictibilidad de las decisiones judiciales y la adecuación normativa.
Brechas
De esta manera, a la meta antes señalada que corresponde al primer objetivo prioritario, se agregan, para el segundo, el cierre de la brecha de cinco defensores públicos por 10,000 habitantes en pobreza, así como la formación continua y adecuada capacitación de los jueces de paz.
Al 2025 se proyectan también la implementación del módulo civil corporativo de litigación oral en procesos de alimentos, la ejecución de modelo corporativo civil de litigación oral en todo el país y la puesta en marcha de los órganos jurisdiccionales laborales en todo el país, como parte del tercer objetivo.
En el cuarto, las metas son lograr el adecuado equipamiento y funcionamiento del servicio tanatológico, la instauración y operatividad adecuada de los servicios de exámenes auxiliares de laboratorio del Instituto de Medicina Legal (IML) y la implementación y la operatividad del Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos.
Se agregan la implementación y el equipamiento de oficinas desconcentradas de peritajes; la mejora de la calidad y cobertura de los servicios en los establecimientos penitenciarios; el avance en el cierre de brecha de infraestructura penitenciaria de mediana y alta complejidad; así como cubrir el déficit de equipamiento de seguridad (cobertura y operatividad) en los penales del país.
En el quinto objetivo, que busca fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia, se proyecta reducir la provisionalidad de jueces y fiscales; incrementar el otorgamiento de títulos; y lograr que estén capacitados los operadores de seguridad y justicia.
Para mejorar el ejercicio y formación para la abogacía, fijado como sexto objetivo prioritario, se espera que al 2025 se haya habilitado el nuevo modelo de responsabilidad profesional de los hombres de leyes.
A la par, el documento tiene como siguientes metas habilitar el Sistema de Control Interno en las instituciones del sistema de justicia; incrementar la cobertura de los Mo´dulos Judiciales Integrados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; y aprobar las normas y reformas priorizadas en la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia.
Medidas
Las instituciones del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (CRSJ) ya adoptaron algunas acciones iniciales para la ejecución de las medidas incluidas en la política pública, que aprobaron por unanimidad.
En esa línea se presentó el Proyecto de Ley N° 7541/2020-PE, que crea la comisión técnica interinstitucional permanente de gobernanza de datos e interoperabilidad del sistema de justicia.
Adicionalmente a esta propuesta, el CRSJ trabajó en el cálculo presupuestal que demandará la aplicación de la política antes citada, por lo que las propuestas contenidas se clasificaron sobre la base de dos criterios: I) la necesidad de presupuesto (si se necesita o no) para que estas se implementen y II) la temporalidad, puntualiza el documento.
Propósito principal
El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia se creó por la Ley N° 30942, con el objetivo principal de impulsar una verdadera reforma del sistema de justicia con la participación de las principales instituciones del país.
Está integrado por los titulares del Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Junta Nacional de Justicia, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo.
El CRSJ tiene como función principal elaborar por consenso una Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, que tome en cuenta la situación crítica en la que se halla y los distintos esfuerzos que se efectuaron en los últimos 30 años para enfrentarla. Para lograr este objetivo, el CRSJ cuenta con un consejo técnico, integrado por representantes de las instituciones que lo conforman y representantes de otras instituciones vinculadas al sistema de justicia.
El documento se aprobó por consenso, con pleno respeto a la autonomía de las instituciones que integran el consejo y sobre la base del principio de colaboración entre los poderes públicos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su condición de Secretaría Técnica del Consejo, conducirá la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025.
¡Buenos días! ???Esta es la portada del Diario Oficial El Peruano de hoy, miércoles 21 de julio.
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) July 21, 2021
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