• SÁBADO 28
  • de marzo de 2026

Política

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PODER EJECUTIVO OFICIALIZA NORMA DE CARÁCTER NACIONAL

Publican política ambiental al 2030

Es de aplicación obligatoria en administración estatal, personas jurídicas de derecho privado y sociedad civil.

Así lo establece el Decreto Supremo N° 023-2021-Minam que lleva las firmas del presidente Francisco Sagasti; de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y de los titulares del Ambiente, Gabriel Quijandría; Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y Defensa, Nuria Sparch.

Así como de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio; Energía y Minas, Jaime Gálvez; Producción, José Luis Chicoma; Transportes y Comunicaciones, Eduardo González; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández.

Obligaciones

La norma precisa que las entidades de la administración pública en todos los niveles de gobierno, y en el contexto de sus competencias, asumen los roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del reglamento que regula las políticas nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM.

El decreto señala que la conducción de la Política Nacional del Ambiente al 2030 está a cargo del Ministerio del Ambiente, mediante la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, y que las entidades de la administración pública responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios están a cargo de su implementación y ejecución, conforme a sus funciones a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

En el resumen ejecutivo que contiene el decreto supremo se indica que la Política Nacional del Ambiente considera como problema público a la “Disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental”.

Se añade que el Estado ha invertido, en programas presupuestales dirigidos a solucionar problemas ambientales, 121.55 millones de soles en el 2012, cifra que se ha convertido en 2,102.52 millones en el 2019, es decir, se ha multiplicado por 17 veces.

También se indica, como sustento conceptual de la estructura del problema público de la PNA, basados en las conclusiones de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, que la acción humana está generando una situación sostenida, pero no ambientalmente sostenible sobre la naturaleza y los recursos, y que ello, a su vez, tiene un impacto sobre los servicios que proveen los ecosistemas (aire limpio, agua, recursos forestales, suelos, biodiversidad, entre otros).

La pérdida que genera la degradación de ecosistemas afecta el capital natural (suelos, ecosistemas), y perjudica significativamente el bienestar humano, se puntualiza.