Editorial
Lo que se ha buscado es garantizar el principio de equilibrio de poderes, uno de los pilares del Estado constitucional contemporáneo, clave para el funcionamiento de la democracia. Al respecto, la actual Constitución Política regula el sistema de pesos y contrapesos, estableciendo las facultades y los límites de los poderes y las instituciones públicas.
Sin embargo, la experiencia vivida por el país durante el último quinquenio, en el que la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo condujo a la disolución de un Congreso y a la vacancia de un presidente de la República, con la consecuente inestabilidad e incertidumbre política, planteó la necesidad de mejorar y precisar el balance de poderes.
Esta semana, la comisión de Constitución del Congreso aprobó, por mayoría, un dictamen que propone la ley de interpretación de la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del artículo 132 y artículo 133 de la Constitución Política.
Según el texto, en su único artículo, la cuestión de confianza que puede plantear el presidente del Consejo de Ministros debe estar referida a materias de competencia del Ejecutivo relacionadas directamente con la concreción de su política general de gobierno. No se podrá plantear cuestión de confianza sobre aprobación o no de reformas constitucionales, ni sobre asuntos que afecten las competencias exclusivas del Congreso.
Como ha señalado el ministro de Justicia, Aníbal Torres, el Parlamento está facultado para regular el sistema de pesos y contrapesos; sin embargo, lo que no puede es hacerlo con una ley de interpretación, sino mediante una reforma constitucional. Lo aprobado, añadió Torres, transgrede la Constitución y rompe el equilibrio de poderes.
Similar posición mantiene el constitucionalista Francisco Eguiguren, quien sostiene que la interpretación que se pretende hacer va en contra de lo que ya resolvió el Tribunal Constitucional al respecto. Dijo que el TC señaló cómo se deben aplicar instituciones como la cuestión de confianza, y la idea central es que ningún poder del Estado, en este caso, el Congreso, puede regular ni limitar las competencias de otro poder del Estado.
Se espera, por eso, que el pleno del Congreso de la República evalúe con serenidad y ponderación el dictamen aprobado. La conflictiva relación entre Ejecutivo y Legislativo de los últimos años, que incluso puso en tela de juicio la gobernabilidad, exige actuar con la máxima prudencia.
Hoy, más que nunca, el país necesita construir un sistema democrático sólido y confiable. Ello pasa por garantizar con mayor rigor y efectividad el equilibrio de poderes.