Política
La demanda fue presentada ante el juzgado de turno especializado en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el fin de salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo sean “revictimizadas”.
Riesgos
Señala que hay amenaza de violación de los derechos colectivos o difusos a la paz y tranquilidad (artículo 2° numeral 22 de la Constitución), y el derecho a la protección judicial (artículo 25° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos [CADH]) de las víctimas del período de violencia (1980-2000).
En ese contexto, indica que “resulta constitucionalmente válido restringir la entrega de cadáveres a familiares de personas que en vida hayan sido condenadas por graves delitos de terrorismo, en aquellos casos donde exista un riesgo real de que su tumba pueda constituir un lugar de culto que reivindique sus actos o sus ideologías”.Precisa asimismo que la entrega del cadáver del cabecilla de Sendero Luminoso supone un riesgo real objetivo a la paz y tranquilidad de todos los peruanos y peruanas.
“Su tumba podría ser utilizada como un lugar para exaltar y enaltecer sus crímenes, en la medida en que representa al personaje más significativo de dicha distorsionada ideología, que despreciaba la vida de las personas con tal de obtener poder a todo costo; situación que debe ser tutelada por la justicia constitucional”, precisa el recurso.
Soria argumenta en su demanda que la función de protección de los derechos fundamentales constituye una obligación de todo el aparato estatal, cuyas autoridades tienen la función de velar por estos intereses, en atención a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales.
“No debemos olvidar el rol que cumplen los procuradores, su función se encuentra orientada no solo a defender los intereses institucionales, sino también a coadyuvar en la protección de los derechos fundamentales”, añadió.
Denegatoria
La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao denegó el pedido de Elena Iparraguirre para la entrega del cuerpo de Abimael Guzmán Reinoso.
El fiscal Vladimir Farfán Kehuarucho, titular de esa fiscalía, tomó la decisión ponderando el orden público e interés social, informó el Ministerio Público.
El cuerpo del cabecilla de Sendero Luminoso quedará bajo custodia del Ministerio Público hasta que termine la investigación fiscal, que tiene 30 días de plazo.