Reconocen compromiso del desaparecido magistrado del TC Carlos Ramos con los migrantes
Durante el II Congreso Internacional de Acceso a la Justicia de Personas Refugiadas y Migrantes, la jueza suprema Janet Tello resaltó el valor emblemático de algunas de sus sentencias.
Fue luego de inaugurar el II Congreso Internacional de Acceso a la Justicia de las Personas Refugiadas y Migrantes, organizado en conjunto con la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Tello Gilardi recordó que el jurista fue el ponente de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, el 8 de noviembre del 2016, que ganó el Premio Sentencias 2017 “Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional”.
La referida sentencia resolvió el caso de un ciudadano brasileño quien a través de una demanda de amparo solicitó no aplicar una resolución que lo obligaba a salir del país y negaba su ingreso a territorio nacional, decisión que lo separaba de su familia.
“Esta importante resolución demuestra un verdadero compromiso en la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad, aplicando los principios de unidad familiar, no devolución e interés superior del niño”, sostuvo Tello.
Esa decisión forma parte hoy del “Cuaderno de Sentencias Emblemáticas” para el acceso a la justicia de migrantes y refugiados en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, editado por Acnur, la PUCP y la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial.
Situación de los venezolanos
En la primera jornada del congreso, José Sieber, oficial principal de Protección de la Oficina Regional de las Américas del Acnur, sostuvo que según el informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado elaborado por esa institución hay en el mundo 82.4 millones de personas desplazadas por la fuerza.
De esa cifra, hay 5.4 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes, el segundo país de origen de desplazamiento forzado, siendo el Perú, después de Colombia, la nación de acogida de esta población.
Patricio Rubio Correa, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló por su parte, que desde el 2016 hay una presentación masiva de solicitudes de refugio proveniente de población venezolana.
Ese año, refirió el funcionario, fueron solicitados 3,600 pedidos, en tanto que la evolución fue la siguiente: 33,000 (2017), 170,400 (2018), 237900 (2019) y 55, 000 el 2020.
En otro momento, el juez de Costa Rica, Esteban Lemus Laporte, presidente del Capítulo de las Américas de la Asociación Internacional de Jueces en Refugio y Migración (IARMJ), expuso sobre estándares de protección internacional para el abordaje y tratamiento integral de los casos de refugio y migración.
Segunda jornada
Durante el segundo día del congreso, Percy Castillo Torres, adjunto de la Defensoría del Pueblo, abordó la situación de las personas venezolanas en el contexto de la pandemia.
El funcionario señaló que a pesar que el gobierno adoptó algunas medidas favorables que incluían a esta población, continúan presentándose problemas para el ejercicio de sus derechos como el trabajo, la salud o la vivienda.
La coordinadora de Proyectos del IDEHPUCP, Jessica Maeda, sostuvo que la última encuesta sobre población venezolana en el país, realizada por esa institución, revela una percepción negativa y de rechazo, lo que conlleva el riesgo de xenofobia y de legitimar la violencia.
Así, el 70 % de encuestados refiere que el impacto de la migración es negativo, el 52.8% está en contra de igualdad de condiciones para acceder a la vacuna por el covid-19, el 65.3% aprueba fortalecer la seguridad de las fronteras con presencia militar y el 64% apoya las expulsiones colectivas de migrantes en condición irregular.
En otro momento, el presidente de la Corte de Arequipa, Javier Dávila Mercado, expuso el proyecto de sistematización de procesos judiciales que involucran a personas en situación de movilidad humana realizado por ese distrito judicial.
El magistrado sostuvo que resulta necesario que los magistrados y servidores refuercen sus conocimientos sobre estándares de derechos humanos en materia de movilidad.
Por su parte, el titular de la Corte de Tumbes, José Luis Troya, trató la estrategia binacional de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial del Perú y el Consejo de la Judicatura del Ecuador.
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