Política
A través de su cuenta de Twitter, afirmó que la norma confisca el derecho de los peruanos de participar en la actividad legislativa mediante referéndum, sin la intermediación de otras instituciones.
Remarcó que la Constitución reconoce la democracia representativa y la directa.
“La autógrafa del PL 644/2021-CR suprime esta última al confiscar el derecho de los peruanos de participar en la actividad legislativa mediante referéndum, sin la intermediación de otras instituciones”, sostuvo el ministro Torres.
En tanto, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa 26300 al señalar que atenta contra el derecho fundamental a la participación política plena y al referéndum.
En un oficio dirigido a la presidenta del Parlamento, Maricarmen Alva, el Gobierno señaló que la consulta popular permite a la población participar en asuntos públicos.
Por tal motivo, consideran que la autógrafa de ley aprobada por el Congreso de la República vulnera “principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional”.
No viola derecho
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, afirmó que la Ley 26300 no viola el derecho de participación ciudadana.
Indicó que el próximo martes ya se tendrá un nuevo dictamen para ser debatido en el grupo de trabajo, pero que mientras tanto se están analizando las observaciones realizadas a la norma efectuadas por el Poder Ejecutivo.
“Todo está como se dio en la Constitución de 1993, no hubo ninguna modificación y ninguna restricción al derecho de participación ciudadana”, dijo.
Apoyo
El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, saludó que el Poder Ejecutivo haya observado la Ley 26300 aprobada por el Congreso.
Al término de una reunión de esta bancada con el presidente de la República, Pedro Castillo, indicó que durante el pleno donde se discutió esta propuesta había advertido la inconstitucionalidad de la misma.
Aseguró que ya hay una serie de acciones de amparo, las mismas que llegarán en cualquier momento a un juzgado constitucional.