Congreso aprueba norma que fortalece la función fiscalizadora de regidores y consejeros
El alcalde o gobernador regional están obligados, bajo responsabilidad administrativa, a responder el pedido de información solicitado en un plazo no mayor a diez días hábiles.
Se trata de una iniciativa legislativa de la congresista Norma Yarrow (Avanza País) que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
El texto aprobado subraya que “para la conformación de comisiones investigadoras y el envío de informes a la autoridad competente se requiere el voto favorable de no menos del 25 % del total de miembros hábiles del concejo”.
Estos grupos de trabajo se abocarán a asuntos “de interés público local con la finalidad de esclarecer hechos, formular recomendaciones orientadas a corregir normas o políticas”.
El alcalde o gobernador regional están obligados, bajo responsabilidad administrativa, a responder el pedido de información solicitado en un plazo no mayor a diez días hábiles, se señala.
Se puntualiza además que para la implementación de la presente norma “los gobiernos regionales y municipales no requieren demandas adicionales de financiamiento al tesoro público”.
Yarrow Lumbreras advirtió que en la actualidad “son 18 gobernadores regionales y 52 de sus funcionarios los procesados por delitos de corrupción y en los últimos años 2 000 alcaldes han sido vacados, procesados, sentenciados o fugados por delitos de corrupción”.
“Se requiere el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de los consejos regionales y municipales, precisando atribuciones y dotando de recursos para ejercerlas, pero al mismo tiempo articulando su actividad de fiscalización con atribuciones del Sistema Nacional de Control”, concluyó.
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