Política
Según remarcó, la Fiscalía de la Nación opinó en contra de la propuesta, pero su posición no fue escuchada como tampoco se atendió la posición del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.
“La colaboración eficaz es una herramienta fundamental para investigar el crimen organizado y los delitos graves, porque permite destruirlo desde dentro con medidas disuasivas o de recompensas”, señaló.
De aprobarse su modificación, advirtió, se favorecería la impunidad.
De acuerdo a la doctrina, la colaboración eficaz constituye un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en el principio del consenso entre las partes y la justicia penal negociada, que tiene por finalidad perseguir la delincuencia.
El colaborador eficaz es la persona sometida o no a una investigación o proceso penal, o que ha sido condenada, que se ha disociado de la actividad criminal y se presenta ante el fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios premiales.
Dictamen
Por unanimidad, la Comisión de Justicia aprobó el predictamen mediante el cual se modifica el Código Procesal Penal en lo referido al proceso especial de la colaboración eficaz.
La presidenta de dicho grupo de trabajo, Gladys Echaíz (APP), manifestó que entre los cambios aprobados figura la presencia obligatoria del abogado del aspirante a colaborador eficaz en todas las entrevistas que pudieran producirse con el representante del Ministerio Público.
Además, considera que el aspirante está obligado a proporcionar toda la información que posee y los medios que permitan la corroboración de la información desde un inicio.
De lo contrario, el aspirante pone en peligro la obtención de beneficios legales.
Desacuerdo
El fiscal superior y coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, expresó su desacuerdo con el dictamen que modifica el proceso de colaboración eficaz y advirtió que los cambios afectarían no solo las investigaciones por el caso Odebrecht, sino otros de criminalidad organizada.
Indicó que la iniciativa legislativa es muy perjudicial y rompe un esquema de legalidad que ha sido fructífero en las investigaciones en relación al acceso de la prueba.
Señaló que en la aprobación de la norma podrían unirse voluntades para pactos de impunidad a fin de intentar de proscribir una herramienta que ha sido de gran utilidad porque confronta y perjudica intereses ilegales.